2025 Ene 29 Beneficios en fuga. Oxfam.

Resumen ejecutivo
En medio del contexto político y económico de gran incertidumbre que enfrenta México, debemos cuestionarnos qué modelo económico queremos para el bienestar de las mayorías y no solo de unos cuantos. Un modelo basado en la justicia económica debe poner a la naturaleza, a las comunidades y a las personas en el centro de las decisiones sobre el valor del trabajo, la redistribución por medio del dinero público y la distribución de los ingresos y la riqueza, el territorio y los recursos naturales.

El modelo económico actual en México está basado en un patrón que se originó antes de que fuera un país independiente. Este dependió del despojo de tierras y la extracción de recursos a los pueblos originarios para luego transferir los beneﬁcios a España, la metrópoli colonial, bajo una lógica de enclaves. Así, las decisiones económicas se tomaban en el exterior y las ganancias apenas pasaron por la sociedad local. Este patrón abusivo se mantiene casi intacto hasta nuestros días y produce desigualdades extremas y perdurables. Puede describirse en cuatro ideas centrales:

Toman. Algunas familias o empresas se apropian de lo que no es suyo, usualmente por medio de engaños, trampas, intimidación y violencia.
Transan. Una vez que toman, crean mecanismos, reglas e instituciones para apropiarse de más de esos mismos recursos o para garantizar que puedan quedarse con lo que ya han tomado.
Agandallan… Se establecen barreras legales y políticas que excluyen a las comunidades y otras empresas de beneﬁciarse como ellos.
…y lo llaman mérito. Hacen creer que cualquiera puede hacerlo “echándole ganas” y que, en lugar de quedarse en manos de un puñado de personas, los beneﬁcios son para todos.

En este informe se presentan tres sectores que ejempliﬁcan este patrón de despojo y extracción, con ganancias para unos pocos y pérdidas para el resto:

Banca y servicios ﬁnancieros. México es de los cinco países donde más ganan los bancos en comparación con países europeos, latinoamericanos y norteamericanos. El negocio de los bancos en nuestro país depende tanto de los altos intereses cobrados como por las injustiﬁcadas comisiones por el uso de sus servicios. Entre 2019 y 2023, los cinco bancos más importantes del país extrajeron casi la mitad de sus ganancias para llevarlas al extranjero.
Concesiones de agua. A pesar de que el agua es propiedad de la nación y un derecho humano, el sistema legal e institucional que regula su extracción está en contra de lo público y la convierte en una mercancía que se acumula en pocas manos. Contraviniendo a la Constitución, los bancos han comprado concesiones de agua para uso agrícola, lo que apunta hacia la ﬁnanciarización de lo que debería ser un derecho.
Turismo y hotelería. Los destinos turísticos más emblemáticos de México fueron planiﬁcados y construidos por el Estado en el litoral, con un desarrollo urbano que hace que la playa sea para quien la paga y no un espacio público. Las personas que trabajan en este sector son contratadas por temporadas, con salarios bajos estancados por más de diez años y con profundas brechas de género con una fuerte carga de cuidados para las mujeres.

Es necesario construir una hoja de ruta para el Estado mexicano del siglo XXI, con instituciones públicas que cumplan la promesa de nuestra Constitución y que pongan en el centro de su actuar los principios de redistribución, progresividad y corresponsabilidad. No hay prosperidad compartida sin justicia económica.

Introducción
México enfrenta un contexto político y económico de gran incertidumbre. Por un lado, se hacen cada vez más presentes los efectos de la crisis climática en nuestro territorio, como se observó con el desastre provocado por el huracán Otis en Guerrero y con las olas de calor y la sequía extrema posteriores. A esto se suma la erosión democrática alrededor del mundo y en nuestra región —donde México es una excepción—, pues las instituciones responsables de velar por las libertades civiles y políticas se encuentran cada vez más bajo el ataque de movimientos de corte autoritario. Estos ponen en duda la democracia y el estado de derecho, el predominio de las instituciones civiles sobre las militares y los instrumentos de transparencia y rendición de cuentas.

Aunado a ello, el orden internacional liberal de la posguerra se encuentra debilitado y con cada vez menos legitimidad por los conﬂictos en Gaza y Ucrania, el aumento en las tensiones entre las grandes potencias y las ﬁsuras cada vez más críticas dentro de la Unión Europea. Por si fuera poco, nuestra relación comercial más importante está en vilo, pues la reelección de Donald Trump como presidente estadounidense y el desgaste de la relación con Canadá, que enfrentará elecciones en octubre de este año, serán el preludio de la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en 2026, lo que podría representar una fuente de inestabilidad para nuestra economía.

Ante este panorama, los movimientos reaccionarios en el mundo han desplegado un ataque sin rodeos contra el papel del Estado en la economía y la sociedad. Para justiﬁcar su desmantelamiento, se acusa a las instituciones públicas de ser ineﬁcientes y costosas, mientras se enaltece a los grandes empresarios como dinámicos y efectivos. Basta solamente observar el anuncio del nuevo presidente de Estados Unidos sobre la creación de un Departamento de Eﬁciencia Gubernamental, liderado por un multimillonario y con la misión explícita de hacer recomendaciones para recortar el gasto público en distintas agencias de su gobierno. No obstante, este es un falso dilema: la pregunta no es si debemos tener más o menos Estado, sino para qué queremos al Estado, a quién beneﬁcia, a quién protege, por quiénes vela.

El actual gobierno mexicano ha planteado el concepto de prosperidad compartida como misión central para su agenda. El plan es que el Estado mexicano debe atraer la inversión extranjera e impulsar un “capitalismo con conciencia de sus efectos medioambientales, sociales y económicos” porque “el desarrollo debe traducirse en derechos socioeconómicos y bienestar y prosperidad compartidos”. Se ha hablado de que la inversión pública y privada se unan de manera coordinada para evitar “que la inversión llegue a un lugar donde no hay agua y le quiten el agua a las personas”, sino que sea una “inversión ordenada que permita el desarrollo nacional de muy largo plazo”.

Coincidimos en que la pregunta central de cualquier planteamiento debe ser qué modelo económico queremos para el bienestar de las mayorías y no solo de unos cuantos. Uno realmente justo debe poner a la naturaleza, a las comunidades y a las personas en el centro de las decisiones sobre el valor del trabajo, la redistribución por medio del dinero público y la distribución de los ingresos y la riqueza, el territorio y los recursos naturales. De esta manera, se podría garantizar el ejercicio efectivo de derechos de manera incluyente y amplia y así reducir y reparar las brechas históricas de desigualdades. En breve, para que la prosperidad realmente sea compartida debe haber justicia económica.

Este informe examina y cuestiona la lógica detrás del modelo económico actual en México. Aﬁrmamos que ha estado basado históricamente en un patrón de despojo y extracción que se originó desde antes de que México fuera un país independiente y buscamos mostrar que se mantiene hasta nuestros días, a pesar de cambios políticos y tecnológicos y de las diversas transformaciones de nuestra sociedad. Para ello, el documento está estructurado en tres secciones. En el siguiente apartado explicamos el patrón que está en la base del modelo económico y su persistencia histórica. Después, se analizan tres sectores —banca y servicios ﬁnancieros, concesiones de agua y turismo y hotelería— donde este patrón resulta evidente, aunque en realidad está presente en prácticamente toda la economía mexicana. Por último, la sección ﬁnal incluye una hoja de ruta para el Estado mexicano que necesitamos para el siglo XXI.

El patrón abusivo, la conquista que se repite
El despojo histórico…
El modelo económico de la conquista consumada en 1521 y el periodo colonial de trescientos años que le siguió se basó en el despojo de tierras y recursos a los pueblos originarios para transferirlos a España, la metrópoli colonial. El motor de ese despojo fueron los metales preciosos y algunos productos agrícolas muy valorados —maderas, grana cochinilla, cacao, jitomate, vainilla, entre otros—, pero también la explotación de personas indígenas y esclavas de origen africano que se trajeron a América para hacer los trabajos más arduos.

No puede exagerarse la importancia de la Nueva España para el imperio español. Como aﬁrman Marichal y Souto, “la Nueva España era la joya del imperio desde el punto de vista ﬁnanciero en el siglo XVIII, [pues] era la clave de una parte importante de las actividades militares, administrativas y comerciales que se llevaban a cabo en el Gran Caribe”. No obstante, esta inmensa extracción de recursos trajo pocos beneﬁcios para las mayorías, pues se saqueaba en “núcleos de actividades primarias controlados en forma directa desde fuera”, es decir, enclaves. Así, las decisiones económicas se tomaban en el exterior y las ganancias generadas apenas pasaron por la sociedad local al destinarse a la metrópoli, pues había pocas o nulas conexiones con la economía novohispana.

La dinámica económica de instituciones extractivas persistentes que moldean la historia de los países es tan relevante que le valió a Daron Acemoglu, Simon Johnson y James Robinson el Premio de Ciencias Económicas del Banco de Suecia en Memoria de Alfred Nobel en 2024. No obstante, más que utilizar esta perspectiva para analizar las diferencias entre modelos coloniales, es importante mostrar la persistencia del modelo de despojo y extracción a lo largo de la historia del país para modiﬁcar esta trayectoria.

Este modelo sumamente extractivo tuvo consecuencias sociales graves. Desde 1808, Alexander von Humboldt decía que el territorio entonces conocido como Nueva España se caracterizaba por “una gran desigualdad de fortuna, de goces y de prosperidad individual”, tanto así que aﬁrmaba que “México es el país de la desigualdad”. También es bien conocido que, al principio de la gesta independentista, José María Morelos y Pavón escribió en los Sentimientos de la Nación que las leyes debían ser tales “que […] moderen la opulencia y la indigencia”.

Desde que se convirtió en un país independiente, México ha participado en el mercado internacional ofreciendo materias primas y mano de obra a un bajo costo mediante enclaves. La lucha política durante buena parte del siglo XIX se dio entre distintas élites regionales, quienes se disputaban el control de las instituciones del Estado para poder explotar con más eﬁciencia los recursos y a las personas en sus sectores económicos respectivos. En términos internacionales, buscaban potencias extranjeras que ayudaran a ﬁnanciar sus luchas internas e imponer sus proyectos políticos aﬁnes. Además, planteaban distintos programas de “desarrollo nacional” a partir de sus intereses propios, pero estos nunca alteraron la lógica de fondo, basada en el despojo y la extracción.

Es posible hacer una revisión rápida —aunque no exhaustiva— de dos siglos de extracción y despojo a partir de los recursos personales, comunitarios y públicos que se han utilizado como supuestas “palancas de desarrollo”, como muestra el Gráﬁco 1. Este patrón no ha cambiado de manera fundamental desde antes de que México fuera un país independiente y hasta nuestros días, pues —aunque con distintos nombres y en actividades productivas diversas— la economía nacional ha estado y sigue estando basada en el despojo y en la extracción de territorio, de valor del trabajo y de recursos naturales. […]

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