2021 Sep Militarización con respaldo popular. La transición militar en México, 2000-2020. Raúl Benítez Manaut.

INTRODUCCIÓN

En México, la llegada de la democracia y la globalización no modificaron la relación cívico-militar. Por ello, no se dio ninguna reforma similar a las observadas en la gran mayoría de los países de América Latina en favor de cambiar los parámetros legales y políticos para sustituir la autonomía militar construida durante todo el siglo XX. La democratización que se vivió a fines de ese siglo, y que llevó a la sustitución del largo gobierno autoritario vigente entre 1929 y el año 2000, no logró reducir la autonomía de las Fuerzas Armadas. La transición no afectó sus fueros y privilegios. A diferencia de la mayoría de las transiciones a la democracia en el continente, en México se abrieron las puertas del sistema político a la oposición, pero los militares continuaron con sus instituciones prácticamente intocables. Ello se debió a que ninguna fuerza política incluyó en su agenda legislativa la defensa y su organización institucional. En este ensayo se analiza la relación entre civiles y militares en el siglo XXI, en particular la relación con los liderazgos políticos que han gobernado el país desde el año 2000.

 

El Partido Revolucionario Institucional (PRI), que gobernó México entre 1929 y 2000, estableció una relación vertical cívico-militar, de autonomía de las Fuerzas Armadas, que incluyen numerosos fueros legales y de facto (García Diego, 2014; SEMAR, 2016). El Partido Acción Nacional (PAN), en el poder de 2000 a 2012, sostuvo una relación armónica cívico-militar de continuidad de la anterior, pero emprendió una importante transformación del sistema militar al impulsarlo a combatir el narcotráfico desde 2007, estrechando las relaciones con Estados Unidos (SEDENA, 2012). Entre 2012 y 2018 el PRI regresó al gobierno, sin modificar la autonomía militar. El Partido de la Revolución Democrática (PRD) y desde 2014 el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), en la relación con los militares tuvo dos fases: la primera determinada por un gran conflicto discursivo en los mensajes de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) hacia los militares en las campañas presidenciales de 2006, 2012 y 2018, y la segunda etapa, de reconciliación, al triunfar en las elecciones el 1 de julio de 2018 y luego al tomar el poder el 1 de diciembre del mismo año.

 

En el periodo de gobierno de Andrés Manuel López Obrador a partir del 1 de diciembre de 2018, las dos partes, el presidente y las Fuerzas Armadas emprenden una comunicación intensa de construcción de confianza mutua. Por el lado castrense se aplica el pragmatismo doctrinario sostenido en el discurso de la lealtad, en el que se definen como apolíticas, y por parte del nuevo presidente, el pragmatismo político se sostuvo en la percepción de que las necesita para gobernar e implementar su proyecto de transformación conocido como Cuarta Transformación (4-T). Este proyecto incluye edificar la Guardia Nacional (GN), sobre las estructuras de la anterior Policía Federal (que vivió de 1999 a 2019) y las transferencias hacia ella de recursos y personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y de la Secretaría de Marina (SEMAR). Esta reconciliación se decidió por ambas partes porque ostentan el más elevado respaldo popular en encuestas de opinión pública, lo que los obliga a “negociar” en vez de enfrentarse. O sea, el gobierno de AMLO necesita el respaldo de las Fuerzas Armadas, y viceversa.

 

LAS FUERZAS ARMADAS EN LA TRANSICIÓN A LA DEMOCRACIA: DE CARLOS SALINAS DE GORTARI A ENRIQUE PEÑA NIETO

 

En la elección presidencial de 1988 ganó Carlos Salinas de Gortari con 50,3% de los votos. Fue una elección muy cuestionada y no competitiva, con amplias acusaciones documentadas de fraude electoral (El Universal, 2018); su sucesor, Ernesto Zedillo, obtuvo 48,69% en 1994 (IFE, 1994); Vicente Fox ganó con el 42,52% (IFE, 2000); Felipe Calderón con 36,69% (IFE, 2006); y Enrique Peña Nieto con 38,21% (INE, 2018). AMLO, al obtener 53,17% de los votos, en condiciones muy desfavorables económicas, políticas y mediáticas hacia él y su partido político, se vuelve “competitivo”, y esto lo reconocen las Fuerzas Armadas, pues ellas están junto con el presidente en la cima de la pirámide de la opinión favorable de la población. Por ello procedieron a negociar rápidamente –y a necesitarse mutuamente–.

Se puede considerar una diferencia importante en estos respaldos de la población. Para las Fuerzas Armadas es hacia las instituciones castrenses como tal; para AMLO es hacia su persona, por haber construido un liderazgo alternativo a lo largo de veinticinco años de historia de acción política. Los militares no podían desconocer al nuevo presidente y se veían obligados a brindarle su apoyo y, en correspondencia, el nuevo líder buscó el acercamiento con las instituciones estatales más reconocidas por la población. Lo anterior a pesar de las animadversiones, desconfianzas mutuas, acusaciones y descalificaciones de una parte hacia la otra durante largos años. Este fenómeno solo se había visto en la historia de México en el gobierno de Lázaro Cárdenas entre 1934 y 1940, cuando la institución militar y el presidente se centraban en la misma persona y apenas nacían las instituciones políticas civiles en el país.

Desde 1988, cuando Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) accede a la presidencia e inicia la apertura económica del país en vista a la firma de un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, las Fuerzas Armadas poco a poco se ven obligadas a modificar sus misiones. El fin de los conflictos en América Central por la vía de la negociación política y con la mediación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de los Estados Americanos (OEA), fue modificando paulatinamente el nacionalismo militar de la Revolución mexicana. El último conflicto típico de la guerra fría, el alzamiento zapatista de enero de 1994, a la par del inicio de la entrada en vigor del Tratado de libre comercio de América del Norte (TLCAN), cambió radicalmente la estrategia militar de contención de grupos armados internos. Salinas optó por la negociación con los alzados y así fue la guerra de contrainsurgencia más corta que ha tenido un país latinoamericano. Los elementos que determinaron este cambio de estrategia fueron la gran presión de la sociedad civil mexicana en favor de no reprimir al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y reconocer sus demandas, el proceso electoral presidencial de 1994 en el que un conflicto armado podría perjudicar al partido en el gobierno PRI, y el temor a que el empleo de las Fuerzas Armadas pudiera afectar las nuevas relaciones con Estados Unidos y la entrada en vigor del TLCAN (Arnson et al., 2006).

El gobierno del presidente Ernesto Zedillo (1994-2000) siguió la misma dirección: entabló una “negociación prolongada” con el EZLN –que se sostiene durante veintiséis años–, en la que el EZLN en el discurso sigue “en pie de guerra”, pero sin ninguna acción armada, como una especie de movimiento de resistencia social indígena (Benítez Manaut, 2002, pp. 55-60). El cambio de gobierno en México en el año 2000 significó el desplazamiento (temporal) del partido oficial PRI, de ideología nacionalista, por el PAN (de orientación de derecha), pero no modificó la relación cívico-militar.

El nuevo presidente Vicente Fox (2006-2012) sostuvo que la crisis de Chiapas la podía resolver en quince minutos, manteniendo la estrategia gubernamental sin acción militar directa hacia los rebeldes de Chiapas, pero sin solución política real, y las relaciones cívico-militares se adaptaron rápidamente a las nuevas condiciones de emergencia democrática y globalización (Fox, 2000). Las Fuerzas Armadas cambiaron su doctrina rápidamente, donde la lealtad se consolidaba como “institucional”, sustituyendo la lealtad a los liderazgos de la Revolución mexicana que les habían dado forma legal y política. El “nacionalismo” poco a poco deja de ser el eje real de la relación cívico-militar e inicia un reconocimiento de que la democracia y las relaciones con Estados Unidos son los condicionantes del siglo XXI. La cooperación en materia de seguridad con Estados Unidos se aceleró debido a los atentados terroristas de septiembre de 2001. En la parte militar, los atentados provocaron la total reforma de los comandos de defensa de Estados Unidos, conformándose el Comando Norte, en cuyo concepto estratégico se incluye la participación de México (Deare, 2017, p. 210).

Para lo anterior, se reforzó el control de las fronteras, se modernizó la Armada de México y se aceleraron los intercambios con todas las estructuras militares de Estados Unidos y muchos países del mundo para adaptar las dos instituciones militares a la globalización. Sin embargo, no se edificó una secretaría de Estado del sector defensa con mando civil, no se integraron las Fuerzas Armadas en un Estado Mayor Conjunto, y siguieron divididas en dos como sucedió desde 1940: Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA), que incluye a la fuerza aérea, y la Secretaría de Marina (SEMAR).

La autonomía militar permitió a las Fuerzas Armadas negarse a participar en misiones externas como son las operaciones de paz de la ONU, como sostenían sectores del sistema político como el servicio exterior y la opinión pública especializada. Esto a pesar de que el presidente Peña Nieto (2012 – 2018) anunció en 2014 la participación de México en operaciones de la ONU, reduciéndose a un pequeño grupo de observadores militares (SRE, 2016).

Las Fuerzas Armadas poco a poco construyeron una “nueva funcionalidad” política con los liderazgos civiles: siguieron desarrollando gran cantidad de misiones no-militares: se incrementó su participación en respaldo de la seguridad pública en detrimento de las policías del país; inicia una extendida labor contra el crimen organizado, principalmente el narcotráfico, labor respaldada por Estados Unidos, principalmente con la llegada al poder del presidente Felipe Calderón (2006-2012), quien firma la Iniciativa Mérida en 2007 y comienza su implementación en 2008. En esta estrategia, denominada “guerra al narcotráfico” por el presidente Calderón, las Fuerzas Armadas se volvieron a empoderar en el seno de las instituciones del gobierno federal (Rodríguez Bucio, 2016, p. 102). El balance de los seis años de guerra bajo el gobierno de Calderón muestra que fracasó en el intento de destruir y contener a los grupos criminales, por el contrario, estos se fortalecieron (Kenny y Serrano, 2012, p. 46).

En 2012, con el cambio de gobierno mediante el triunfo de Enrique Peña Nieto, candidato del PRI, a pesar del anuncio de un cambio de estrategia hacia la “prevención” del delito y no su “contención”, las Fuerzas Armadas se volvieron a empoderar y en la realidad se continuó con su fortalecimiento. En esta ocasión triunfó temporalmente el proyecto militar de que el Congreso aprobara una ley de seguridad interior el 21 de diciembre de 2017. Esta ley fue promovida por la SEDENA para dar fuero a los miembros de las Fuerzas Armadas (DOF, 2017). En el lenguaje de la propia ley, la Cámara de Diputados redactó esta ley para dar “certidumbre legal” a los militares para enfrentar al crimen organizado y participar en la seguridad pública del país. Sin embargo, en noviembre de 2018 la Suprema Corte de Justicia señaló que la ley era anticonstitucional.

 

LA GUERRA AL NARCOTRÁFICO: 2007-2020

 

Con la Iniciativa Mérida, diseñada en 2007 e implementada desde 2008, la doctrina nacionalista de resolver los conflictos con recursos propios sufrió una gran modificación, para recibir la asistencia de Estados Unidos desde 2008. Por lo anterior, se consolidó la transición de un modelo de seguridad nacionalista en México, a uno nuevo de seguridad interdependiente entre México y Estados Unidos, que inició con acercamientos militares desde 1996 (Deare, 2017, p. xvi). Con un monto total de asistencia de 3.035 millones de dólares entre 2008 y 2020, se transfirió gran cantidad de equipo militar; se edificó un nuevo sistema de inteligencia en la Secretaría de Marina, la Unidad de Inteligencia Naval (fundada el 1 de febrero de 2008), para dar seguimiento a los líderes criminales como Joaquín el Chapo Guzmán (SEMAR, 2018); se fortalecieron las fuerzas especiales en las dos estructuras militares, enviando a sus integrantes a escuelas militares del extranjero para entrenamiento, tanto a Estados Unidos como a países como Colombia, Guatemala, Perú y otros. En el Ejército se consolidó el Cuerpo de Fuerzas Especiales, compuesto de un Cuartel General, once batallones, cinco grupos anfibios y una Fuerza de Intervención Rápida, encuadrados en tres brigadas, además de un Grupo dependiente directamente del Alto Mando de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA, 2018). En la SEMAR, se fortaleció la Infantería de Marina y sus grupos de intervención basados en el concepto de rápido despliegue (SEMAR, 2012). De igual manera, se intensificaron los programas de cooperación entre los sistemas de justicia para que el combate a los grupos criminales tuviera sustento legal, y se estrecharon lazos entre las instituciones de inteligencia de ambos países (Seelke, 2020).

El combate directo a los grupos criminales y los conflictos entre estas agrupaciones elevaron la tasa de homicidios en el país. Al enfrentarlos de forma directa se dio una tendencia “de ascenso” de los combates entre parte y parte, llevando a las organizaciones criminales a darle prioridad a construir sus brazos armados de sicarios. Entre las condiciones “no deseadas” de esta estrategia militar está el incremento acelerado de los homicidios en el país desde 2008, triplicando su tasa de incidencia de 8 por 100.000 habitantes en 2007 a 23 por 100.000 habitantes en 2020. En el inicio de la guerra (2007 – 2010), la población civil (no combatiente) fue afectada de forma notoria en los estados del norte del país como Baja California, Chihuahua, Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León.

Ciudades como Tijuana y Juárez fueron “teatros de guerra” donde se dieron tres modalidades de combate o tres guerras: la primera la que se desató entre grupos criminales rivales; la segunda entre las fuerzas del Estado, principalmente militares, y los grupos criminales; y la tercera entre agrupaciones criminales contra la población civil. En los combates hubo violaciones a derechos humanos de población civil que el Estado ha intentado minimizar (WOLA, 2017, p. 21). Desde 2010, “la guerra” se trasladó a estados del Pacífico sur como Sinaloa, Michoacán y Guerrero, y en toda la rivera del golfo de México, principalmente en Veracruz y Tabasco. Desde este periodo, los grupos criminales expandieron su “cartera de negocios”, a actividades diferentes al narcotráfico, como trata y tráfico de migrantes, secuestro, extorsión y robo de combustible, afectando notablemente a la población civil, mexicana y extranjera.

Durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) se dio la expansión a otros estados del país, como Morelos, Estado de México, Nayarit, Baja California Sur, Puebla y Guanajuato, estados que tenían muy bajos índices de actividad criminal y tienen importantes actividades económicas industriales, dándose una epidemia de violencia y homicidios. En todos estos estados afectados de forma intensa por la guerra al narcotráfico las relaciones de poder entre las Fuerzas Armadas y las autoridades civiles se deterioraron y provocaron un aumento de la influencia militar. Gobernadores y autoridades municipales tienen a las Fuerzas Armadas como el interlocutor más importante en materia política. De facto, poco a poco se traslada el poder a las autoridades militares en materia de seguridad pública. Este proceso es el que se denomina “militarización” y se da de forma ascendente desde 2006. Solamente algunos estados del país quedan al margen de este proceso, sobre todo en la Ciudad de México y el sur.

Las organizaciones criminales del narcotráfico construyen poderes paralelos que logran penetrar estructuras de gobiernos locales y estatales. En ocasiones han llegado a penetrar estructuras del gobierno federal. Autoridades judiciales de la Corte del Distrito Este de Nueva York encabezan el juicio contra el exsecretario de Seguridad Púbica de Felipe Calderón, Genaro García Luna, desde mediados de 2019. Es la autoridad federal más importante encarcelada por vínculos con organizaciones criminales. García Luna fue uno de los principales secretarios de Estado de Felipe Calderón (El Universal, 2020). En el ámbito estatal, por ejemplo, tres gobernadores del estado de Tamaulipas, frontera con Texas, están acusados de vínculos con el cartel del Golfo y los Zetas (Flores, 2013).

Desde el enunciado de la “guerra al narcotráfico” en 2007, los homicidios se triplicaron en el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012); aumentaron 25% en el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), y solo en 2019, primer año del gobierno de López Obrador, aumentaron en 10% respecto del año anterior (cuadro 1). Esto significa que el “cambio de estrategia”, basado en el desmantelamiento de la Policía Federal y la creación de la Guardia Nacional desde 2019, no se refleja en la disminución de la violencia criminal. Otro dato que describe la gravedad del problema es que en 2007 solo el 57% de los homicidios se realizaron con arma de fuego, mientras que en 2019 el porcentaje subió a 70%, lo que indica que la gran mayoría se da por agrupaciones criminales. La cantidad de homicidios en los primeros meses de 2020 se incrementó a pesar del encierro de la población desde el mes de abril. En julio se registraron 2.980, con promedios mensuales muy similares a los de 2019 (Forbes, 2020). Así, entre el 1 de diciembre de 2018 y el 6 de julio de 2020 el gobierno del presidente AMLO acumula 54.727 homicidios dolosos, con un promedio mensual de 3.219 (TResearch, 2020). Esto contrasta con los setecientos treinta y ocho homicidios mensuales en 2007, al iniciar la “guerra al narcotráfico” (Casede, 2009: 321).

 

CUADRO 1. HOMICIDIOS EN MÉXICO, 2007-2019

 Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). “Defunciones por homicidio”. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. En https://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/proyectos/bd/continuas/mortalidad/defuncioneshom.asp?s=est

 

Los análisis de la guerra al narcotráfico sostienen que es una guerra prolongada, sin posibilidades de éxito para el Estado mexicano por diversos factores, entre ellos el concepto de fronteras porosas que existe entre Colombia, América Central, el Caribe, México y Estados Unidos, que facilita el tránsito de drogas, personas, armas y dinero, entre otros factores. La violencia y victimización que produce esta guerra en México se debe al libre tránsito de armas de Estados Unidos hacia México, producto de su venta libre en Estados Unidos. Esta legislación liberal acerca de la posesión y venta de armas en Estados Unidos explica el incremento de los homicidios en México con armas de fuego (Payan et al., 2013, p. 21).

La evolución de las organizaciones criminales del narcotráfico se da mediante una ampliación de su “cartera de negocios”, y en muchas ocasiones se organizan como corporativos empresariales y se vinculan a empresas “legales” para consolidar su poder financiero y político. Esto se da, por ejemplo, con el caso de los Zetas y sus vínculos en el sector del tráfico de energéticos, tráfico de personas y secuestro, entre otras actividades (Correa-Cabrera, 2017,

p. 56), los Caballeros Templarios en la exportación de mineral de hierro e importación de químicos, y gran cantidad de empresas comerciales y restaurantes y empresas agrícolas por parte del cartel de Sinaloa. Para enfrentar estas actividades, el empleo de las Fuerzas Armadas no es útil. Deben coordinarse con otras agencias civiles mediante estrategias integrales.

En México, por el poder alcanzado por los grandes grupos criminales, la guerra al narcotráfico ha generado una reconfiguración cooptada del Estado, donde partes de él transforman su acción para responder a las redes ilícitas de poder construidas para hacer viable el negocio paralelo (Garay et al., 2010, p. 62).

 

LA CONTRADICTORIA RELACIÓN AMLO-FUERZAS ARMADAS: DEL CONFLICTO A LA NECESIDAD MUTUA

 

En México muy pocos políticos han entrado en conflictos con las Fuerzas Armadas. Esto se explica porque estas no tienen historial golpista y la autonomía que ostentan es simétrica a la que gozan líderes políticos civiles que tienen cargos de administración pública. AMLO ha sido una excepción. Durante su carrera política cuestionó duramente a las Fuerzas Armadas en las campañas electorales para la presidencia en 2006, 2012 y 2018. Sin embargo, a los momentos de conflicto le han seguido momentos de acercamiento buscado por ambas partes. Esto sucede desde que ganó la elección el primero de julio de 2018. Al día siguiente de su triunfo inició una gradual construcción de confianza y acercamiento. De hecho, se está edificando una nueva relación cívico-militar, se amplían las misiones castrenses y se construye una nueva fuerza armada: la Guardia Nacional.

El origen de la vida política del dirigente de Tabasco está en la toma de instalaciones petroleras en su estado durante los años noventa, donde el Ejército tuvo que desalojar a los seguidores del político. Durante su gestión como jefe de Gobierno del Distrito Federal, entre 2000 y 2005, su relación con los militares fue de frialdad y ausencia de comunicación. El 2 de julio de 2006, AMLO encabezó una coalición de izquierda bajo la bandera del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y perdió la elección con un margen muy estrecho de 233.831 votos, frente al triunfador Felipe Calderón del Partido Acción Nacional (PAN). Calderón obtuvo el 36,69% de los votos con 14’916.927, y AMLO el 36,11% con 14’683.096 votos (IFE, 2006). López Obrador no aceptó el resultado y encabezó un bloqueo del Paseo de la Reforma, la principal avenida de la Ciudad de México, del 30 de julio hasta el 15 de septiembre. La relación con las Fuerzas Armadas se tensó. La capital del país experimentó un gran caos por casi tres meses y las Fuerzas Armadas se preocuparon ante la posible cancelación del desfile militar de celebración de la fiesta de independencia del 16 de septiembre de 2006 o el posible desalojo por medios violentos. Este desfile es el más importante de la historia de México y nunca se ha interrumpido. Ambas partes tuvieron que proceder a una negociación. Por parte de AMLO el negociador fue Alejandro Encinas, jefe de Gobierno de la Ciudad, y por el Gobierno Federal el general Gerardo Clemente Vega, secretario de la Defensa. Se levantó el plantón y se pudo celebrar la parada militar. Fue una negociación muy dura. A los militares les quedó un sabor de boca muy negativo de AMLO (Pedraza, 2007, pp. 282-292). A la par, AMLO se proclamó “presidente legítimo”, frente al “presidente usurpador” Felipe Calderón.

Posterior a 2006, AMLO se centró en construir su partido Morena sobre los cimientos del PRD. Poco se refirió a las Fuerzas Armadas hasta la campaña presidencial de 2012. Enmarcó a los militares como parte de “la mafia en el poder”, como fuerzas represivas del “Estado neoliberal” que han violado derechos humanos. En esta segunda campaña por la presidencia fue un duro crítico de la “guerra al narcotráfico” impulsada por el presidente Felipe Calderón, y para evitar que los militares violen derechos humanos, insistió en que la solución era regresarlos a sus cuarteles y construir una policía profesional (AMLO, 2012). Esto ha llevado a una larga percepción negativa hacia las Fuerzas Armadas dentro de la izquierda. Lo cual contrasta con el liderazgo de Cuauhtémoc Cárdenas como máximo líder de izquierda, quien tenía una muy buena relación con los militares por su ascendente familiar. Por lo anterior, en la izquierda mexicana se distingue la fracción cardenista, de mucha convivencia y respeto hacia las Fuerzas Armadas, y la encabezada por AMLO, más cercana a la izquierda radical que había sufrido la represión en 1968 y la contrainsurgencia de los años setenta en el estado de Guerrero. Esta izquierda es muy crítica de las Fuerzas Armadas y constantemente las descalifican.

Al fundarse el partido Morena el 9 de julio de 2014, la izquierda quedó escindida en dos, y el PRD constantemente vio disminuir su militancia, que se traslada al nuevo partido político. En la figura de AMLO se construye un liderazgo extremadamente carismático, con un discurso para ganar simpatizantes, similar al de los líderes políticos de América Latina considerados “populistas”, y aprovechando a su favor el desgaste del PRI y del PAN en los tres gobiernos entre 2000 y 2018. El eje de su discurso fue la “anticorrupción”, con lo cual obtuvo el 53,17% de los votos: 30’047.381 (INE, 2018). Esta cantidad no la ha obtenido ningún candidato a la presidencia en el periodo de democratización del país desde 1988, lo que le otorga gran legitimidad y fuerza política.

La mala imagen de AMLO ente los militares se vio reflejada durante la campaña electoral que lo llevó al poder. Desde fines de 2017 y durante 2018 hubo diversas fricciones verbales entre el secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos y López Obrador. El político tabasqueño y el partido Morena en el Congreso se opusieron rotundamente a la ley de seguridad interior, que impulsó el secretario de Defensa. El general Cienfuegos señaló:

Los militares no se entrenaron para perseguir delincuentes, y si se los pedía el mando civil, se le debían dar garantías judiciales (…) muchas veces hemos actuado como semipolicías. Una cosa rara que no tiene ningún respaldo y que tenemos que estar cumpliendo. Es más, hoy el nuevo Código de Procedimientos Penales, que es un gran avance, nos impide hacer lo que hacíamos antes (Cienfuegos, 2017).

AMLO y Morena sostuvieron que dicha ley militarizaba al país, era violatoria de los derechos humanos y otorgaba mucho poder al Ejército. Desde entonces hubo una campaña muy agresiva de descalificación por redes sociales de un grupo importante de generales retirados contra López Obrador, identificándolo como el “Hugo Chávez mexicano”, “bolivariano”, diciendo que sería “el gran fracaso para México” y que el país se iría a la deriva. Todo mundo que conoce el tema sabía que el general Salvador Cienfuegos y la gran mayoría de los generales (y almirantes) de alto rango se ubicaban detrás de esta campaña de desprestigio. Los almirantes y oficiales de alto rango de la Secretaría de Marina, si bien tienen percepciones similares de AMLO, fueron menos activos en participar en estas campañas de desprestigio durante la campaña electoral. Una de las declaraciones de AMLO que más indignaron a las Fuerzas Armadas fue en una visita a la OEA en Washington, el 15 de marzo de 2017 (AMLO, 2017), donde acusó al Ejército de participar en la desaparición de los cuarenta y tres estudiantes en 2014, masacre conocida como Ayotzinapa. La Dirección de Comunicación Social del Ejército, refiriéndose a las declaraciones de AMLO en un comunicado señaló:

La Secretaría de la Defensa Nacional pide pruebas a los actores sociales que han denunciado a elementos del Ejército. Recientemente han afirmado y publicado señalamientos de que integrantes de las Fuerzas Armadas violentan indistintamente los derechos humanos, lo cual genera una percepción equívoca de la realidad, si alguien considera que tiene pruebas que sustenten sus acusaciones contra las fuerzas castrenses, las presente ante la autoridad competente para que esta proceda conforme a derecho (SEDENA, 2017).

Este caso fue el más relevante en cuanto a violación de derechos humanos. Múltiples investigaciones señalan que los militares participan directa o indirectamente –por omisión–, muchas veces en acuerdo con otras instituciones del gobierno federal (CNDH, 2018). La construcción de la nueva relación cívico-militar inicia desde el triunfo electoral del 1 de julio de 2018. El planteamiento original de AMLO se sostuvo en reconsiderar sus opiniones acerca de que el Ejército violaba derechos humanos y pertenecía a la “mafia en el poder neoliberal”. El nuevo discurso señala que las Fuerzas Armadas son una institución del Estado, honestas, leales y eficaces. Sin embargo, dos elementos tensaron el arranque del nuevo gobierno y los institutos castrenses: la reiterada afirmación en campaña de que se elaboraría una nueva estrategia “de la guerra a la paz”, que se daría una amnistía –sin precisar a quien–, y se construiría la Guardia Nacional. Pasar de “la guerra a la paz” con base en esos dos preceptos generó gran cantidad de críticas. Desde la sociedad civil y defensores de víctimas se criticó duramente la propuesta de la amnistía, pues esta podría sustituir a la realización de investigaciones sobre masacres y desapariciones, y dejar de lado la justicia. Edificar la Guardia Nacional implicaba dos grandes reformas institucionales: desmantelar la Policía Federal y reducir el número de efectivos de los institutos militares para transferirlos a la Guardia Nacional.

El pensamiento del presidente López Obrador hacia las fuerzas militares es negativo. Ya como presidente, en una entrevista realizada a mediados de 2019, sostuvo que México no necesita fuerzas militares y que los problemas de seguridad del país los podía resolver la Guardia Nacional:

Si por mí fuera, yo desaparecía al Ejército y lo convertía en Guardia Nacional. Es decir, declararía que México es un país pacifista que no necesita Ejército y que la defensa de la nación en el caso de que fuese necesario la haríamos todos los mexicanos. (…) el Ejército y la Marina se convertirían en Guardia Nacional para garantizar a los mexicanos su seguridad. No lo puedo hacer porque hay resistencias, una cosa es lo deseable y otra cosa es lo posible, pero ya el paso que dimos fue importante. La creación de la Guardia Nacional, lleva a cabo una reconversión, como hacer posible que se respeten derechos humanos, que haya un comportamiento distinto en la Guardia Nacional formada por militares y por marinos (AMLO, 2019a).

 

LAS MISIONES Y LA NUEVA RELACIÓN CÍVICO-MILITAR: LA CONSTRUCCIÓN DE LA GUARDIA NACIONAL

 

La ampliación de misiones no militares es una constante desde 2007, pero se incrementó de manera notable en 2019 y 2020. A inicios de 2018, la SEDENA reporta 52.000 efectivos:

Realizamos acciones permanentes contra la delincuencia organizada y el narcotráfico, así como seguridad a instalaciones estratégicas. Para esto, se mantienen diariamente desplegados más de 52 mil elementos y un número importante de aeronaves para su apoyo, distribuidos en todo el territorio nacional (Cienfuegos, 2018).

Como se observa en el cuadro 2, una vez conformada la Guardia Nacional, la suma de integrantes de las Fuerzas Armadas a mediados de 2020 es de 319.883. De estos son fuerza operativa 191.712. La SEDENA y la Guardia Nacional suman como fuerza operativa 148.353 efectivos. En la información proporcionada por el presidente el 19 de junio de 2020, la principal misión son las “Operaciones de construcción de paz”, a las que se destinan 81.694 hombres (ver cuadro 3). O sea, más del 60% de la fuerza operativa militar se dedica a la guerra al narcotráfico y el respaldo a la seguridad pública. De las trece misiones enumeradas, además del apoyo a la población en casos de desastres naturales (Plan DN3, Plan Marina y Plan Guardia Nacional), que se consideran humanitarias y de las cuales obtienen los militares su elevada imagen ante la población, solo cuatro de ellas son de “defensa” y las desarrolla la Armada de México: “Estado de Derecho en La Mar”, “Protección Marítima y Portuaria”, “Operaciones en el Golfo y Pacífico” y “Operaciones de Búsqueda y Rescate” (AMLO, 2020a). Estas acciones realizadas por la Armada son en realidad, por su alcance geográfico inmediato, propias de una “Guardia Costera”. En el caso de la Fuerza Aérea, está dedicada a la guerra al narcotráfico (su principal equipo corresponde a helicópteros de “combate” para apoyar al Ejército) y tampoco tiene proyección como fuerza de defensa.

 

CUADRO 2. FUERZAS ARMADAS MEXICANAS: EFECTIVOS TOTALES Y FUERZA OPERATIVA. DESPLIEGUE AL 19 DE JUNIO DE 2020.

Efectivos totales de las Fuerzas Armadas mexicanas
SEDENA	165.454
SEMAR	51.333
Guardia Nacional	103.096
Total	319.883
Fuerza operativa
SEDENA	83.445
SEMAR	18.176
Guardia Nacional	90.091
Total	191.712
Efectivos desplegados
SEDENA	71.822 (86%)
SEMAR	15.450 (85%)
Guardia Nacional	76.531 (85%)
Total	163.803 (85%)
Actividades diversas en apoyo a las operaciones
SEDENA	11.623 (14%)
SEMAR	2.726 (15%)
Guardia Nacional	13.560 (15%)
Total	27.909 (15%)
Equipo
F. A. M.	78 aeronaves
Marina	215 buques y embarcaciones
Guardia Nacional	35 aeronaves

Fuente: elaboración propia con información de: presidente López Obrador “Conferencia mañanera”, CANAL 14, 19 de junio de 2020: https://www.youtube.com/watch?v=0dSLoZBKVh4

 

Desde inicios de 2019, el presidente López Obrador agregó a las misiones militares la protección de red de ductos y combate al robo de gasolina, dedicando a casi 20.000 efectivos los cuatro primeros meses de 2019 (en 2020 se redujeron a 5.800); la contención de migrantes (La Jornada, 2020), derivando

8.146 elementos (conocido como Plan migrante Frontera Norte y Sur) (cuadro 3); y la construcción de infraestructura estratégica (el aeropuerto Felipe Ángeles por la SEDENA) (SEDENA, 2020a). En esta obra se ocupan 1.000 efectivos militares y la SEDENA contrata directamente a cerca de 20.000 trabajadores civiles (Reforma, 2020b). En 2020 se agregaron 36.655 efectivos a respaldar el esfuerzo de control de la pandemia Covid-19 y por parte de la SEMAR al control de puertos y aduanas (cuadro 3).

 

CUADRO 3. MISIONES Y EFECTIVOS DESPLEGADOS EN CADA UNA DE ELLAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con información de: Presidente López Obrador “Conferencia mañanera”, CANAL 14, 19 de junio de 2020: https://www.youtube.com/watch?v=0dSLoZBKVh4; y “CONFERENCIA MAÑANERA” 3 de agosto 2020: https://www.youtube.com/watch?v=31VgrthB-oM). Minuto 9 a 22.

 

Con lo anterior, se emplea al máximo la capacidad operativa militar con misiones que no son propias de la defensa. Cabe señalar que a pesar de los enunciados de que México contribuirá a la paz internacional para fortalecer a la ONU, hasta 2018 solo se habían enviado cuarenta militares como observadores, diecinueve de ellos a Colombia (Cienfuegos, 2018). En enero de 2020, para entrenar personal para misiones de paz, se creó el Centro de Entrenamiento Conjunto de Operaciones de Paz en México (CECOPAM) (SEDENA, 2020).

El día anterior al inicio de su gobierno, AMLO pronunció un gran discurso de alabanza de los militares (Espino, 2018). A la par se anunció la gran reforma del sistema de seguridad, inteligencia y defensa (AMLO, 2018). El 1 de diciembre de 2018 se creó una nueva Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SPSC); se le cambió el nombre y funciones al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), principal órgano de inteligencia civil que estaba bajo la estructura de la Secretaría de Gobernación, se le denomina Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y se traslada este a la Secretaría de Prevención y Participación Ciudadana (SPPC) (CNI, 2020). Se nombra al general retirado Audomaro Martínez como su director (militarizando su conducción). Los recursos materiales y humanos de los dos institutos castrenses se van trasladando paulatinamente a la nueva Guardia Nacional, y se nombró como su jefe al general Luis Rodríguez Bucio. La Guardia Nacional durante 2019 se legaliza y se construye con base en tres fuentes: los elementos (y recursos presupuestales y materiales) de la Policía Federal, transferencias de la SEDENA y de la SEMAR (López Portillo y Storr, 2020). De igual manera, se disolvió el Estado Mayor Presidencial, una de las instituciones más relevantes para establecer la relación cívico-militar en México desde hace más de cien años, institución que resguardó la seguridad del presidente, su familia y altos funcionarios (Castillo Cabrera, 2012, p. 15). Este fue desmantelado y la mayor parte de sus efectivos fueron integrados a las secretarías de Defensa y Marina. Con estas reformas a las instituciones civiles y militares que integran el sistema de defensa, seguridad nacional y pública de México, se transforman en favor de los militares muchas actividades que habían sido conducidas por civiles entre 1980 y 2020, profundizando la nueva militarización (Mendoza-Cortés, 2020, p. 47).

En 2019, en los meses de enero a abril, más de 20.000 militares se involucraron en el combate al robo de gasolina. Inmediatamente después, en junio, por presiones de Estados Unidos, el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional colaboran con cuerpos policiacos estatales y municipales del sur del país, para detener a los migrantes provenientes de América Central. El presidente otorgó al Ejército las concesiones para construir grandes obras de infraestructura, como la ya mencionada construcción del nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, tramos del Tren Maya y los cuarteles de la Guardia Nacional; la edificación de las instalaciones de más de 2.700 sucursales del Banco del Bienestar; vigilar la entrega de recursos de programas sociales, principalmente en zonas rurales, ayudar a la distribución de granos y fertilizantes. En 2020, como se observa en el cuadro 3, además de respaldar el esfuerzo médico de apoyo al combate a la Covid-19, que incluye reparación y terminación de la construcción de hospitales. También el 1 de julio de 2020 se le otorgó a la Secretaría de Marina el control de aduanas y puertos (DOF, 2020).

Muchas de estas funciones –construcción de aeropuertos y vigilancia de puertos y aduanas– eran obligaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Con lo anterior, se continúa la línea en ascenso del proceso de militarización iniciado en 2007.

La justificación para emplear a las Fuerzas Armadas es que ellas, teóricamente según el presidente, no son proclives a la corrupción y son más eficientes (AMLO, 2020a).

Los primeros seis meses del gobierno (diciembre de 2018-marzo 2019) fueron de mucha tensión entre civiles y militares porque se venía la reforma militar para crear la Guardia Nacional. Los miembros del Ejército temían que el presidente estuviera dividiendo al Ejército en dos: una parte para el instituto armado y otra para cuidar la seguridad interna del país. Lo que de hecho fue así. Esta decisión de López Obrador fue parecida a la del general Lázaro Cárdenas en 1939, cuando separó a la Marina del Ejército, segmentando a la fuerza militar al crear dos secretarías de Estado. Ahora de facto se está creando una fuerza separada por lo que hay tres instituciones castrenses: Ejército, Marina y Guardia Nacional. A partir de diciembre de 2018, las misiones no militares predominan y el proyecto real de él es la Guardia Nacional, por considerar que México no enfrenta enemigos externos en el horizonte.

Los momentos más tensos en la relación cívico-militar fueron dos en 2019: la conferencia del periódico La Jornada (AMLO, 2019a) y la captura del hijo del Chapo Guzmán, Ovidio Guzmán, el día 17 de octubre de 2019 en Culiacán, Sinaloa, por requerimiento judicial de Estados Unidos para su extradición. Este operativo se considera fallido para la SEDENA, y el presidente reconoció que él ordenó la liberación de Ovidio. Esto a su vez causó gran molestia en Estados Unidos (AMLO, 2019c). Por otro lado, los oficiales retirados son muy disciplinados a las autoridades militares, están en armonía con los secretarios de Defensa y Marina. Los retirados son la voz de los militares en activo, que por doctrina deben ser apolíticos y nunca expresar opiniones negativas de las autoridades, principalmente acerca del presidente. En un desayuno que encabezó el 22 de octubre de 2019 el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, el general retirado Carlos Gaytán Ochoa emitió opiniones negativas “del mando civil”. AMLO reaccionó señalando que ese discurso era imprudente y que no representaba el sentir de los militares hacia su gobierno (AMLO, 2019c). El general Gaytán, refiriéndose al presidente señaló que hay:

Decisiones estratégicas que no han convencido a todos, para decirlo con suavidad. (…) Nos sentimos agraviados como mexicanos y ofendidos como soldados. (…) Actualmente vivimos en una sociedad polarizada políticamente, porque la ideología dominante, que no mayoritaria, se sustenta en corrientes pretendidamente de izquierda, que acumularon durante años un gran resentimiento (Gaytán Ochoa, 2019).

En los últimos veinte años, las principales debilidades de la acción militar mexicana son dos: derechos humanos y corrupción. En el caso de los derechos humanos, no ha sido posible hacer compatibles las normas de respeto a los derechos humanos –incorporadas en la Constitución de México en su artículo primero desde 2011–, con las tácticas militares empleadas en los combates contra los grupos criminales, donde además han sido víctimas inocentes gran cantidad de población civil (Acosta, 2017, p. 67). Cabe señalar que esta no es solo una práctica militar, sino que corresponde a un comportamiento similar a los policiacos y de autoridades judiciales, lo que corresponde a un patrón generalizado de impunidad en las acciones del Estado mexicano:

Las cifras de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y muchos otros casos que han sido documentados por organizaciones de la sociedad civil sugieren que se trata de prácticas generalizadas, que incluyen el uso rutinario de torturas y malos tratos por parte de la policía, las Fuerzas Armadas y los fiscales a fin de obtener confesiones y testimonios bajo coerción que ellos mismos y muchos jueces mexicanos aceptan como evidencia (Open Society Justice Initiative, 2016, p. 13).

Por ello, las últimas cifras del Índice global de impunidad sobre México señalan que se ha deteriorado, pasando al lugar 60 de 69 países estudiados (LeClerq y Rodríguez, 2020, p. 13). La impunidad traspasa a todas las instituciones de la seguridad en México, militares y civiles, y es un comportamiento histórico que hace muy difícil una verdadera reforma democrática del sector defensa, pues se carece de profesionalidad de las políticas públicas, un gobierno con capacidad de respuesta al fenómeno del crimen y herramientas efectivas civiles, policiacas y militares (Bailey, 2014, p. 193).

Respecto de la corrupción, de forma similar a la impunidad, las Fuerzas Armadas no se libran de este fenómeno, que se corresponde con un patrón histórico de las instituciones del Estado mexicano, basado en la falta de transparencia y politización de las estructuras de control del gasto público del conjunto del Estado, en sus niveles federal, estatal y municipal. El índice de riesgos de corrupción se incrementa por la modalidad de contrataciones de obra pública y servicios, donde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público detecta empresas “fantasma”, para la simulación de contratos y servicios (IMCO, 2018). En este caso las Fuerzas Armadas han actuado de forma similar a las instituciones gubernamentales civiles. Por ejemplo, investigaciones señalan que en la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México de Texcoco –obra abandonada–, se otorgó el contrato al Ejército para construir la barda perimetral y que hubo irregularidades en la edificación de la misma (Aristegui Noticias, 2018). Últimamente, se ha conocido información de corrupción en el Ejército por 156 millones de dólares entre 2013 y 2019:

La SEDENA también usó empresas fantasma en trabajos de mejoras en carreteras o caminos rurales que conectan a sus cuarteles y en obras de mantenimiento o adecuación de sus bases aéreas, prisiones, juzgados, centros de justicia, unidades habitacionales, cafeterías, centros deportivos, estacionamientos, gimnasios, museos, centros de desarrollo infantil y en 15 hospitales militares (El País, 2020).

 

LAS DIFÍCILES RELACIONES MILITARES-SOCIEDAD CIVIL

 

Violar derechos humanos y realizar prácticas de corrupción en los procesos de compras no es exclusivo de las Fuerzas Armadas. Estos comportamientos responden a un histórico acumulado de la actuación de los altos funcionarios del gobierno a lo largo de los últimos cien años. Sin embargo, al incrementarse paulatinamente la actividad de los institutos militares en sustitución de instituciones civiles, sin un control real parlamentario, y sin contar con sistemas de vigilancia social externos, es difícil erradicar las prácticas de corrupción y los problemas de derechos humanos solamente por el enunciado del presidente y los máximos jefes militares.

La última encuesta de respaldo de la población hacia las Fuerzas Armadas realizada por Reforma sostiene que en mayo de 2020 el 78% de los mexicanos estaban a favor de que el Ejército y la Marina realizaran las labores de seguridad pública para los próximos cinco años (Reforma, 2020a). Esto no debe ser justificante para militarizar al país ni sus políticas de seguridad. A pesar de este respaldo masivo, en México existe una sociedad civil conformada por organizaciones sociales, académicas, universitarias, la prensa, víctimas, empresarios y otros sectores, que se han opuesto a la militarización, a la mano dura, y a la carencia de estado de derecho en amplias regiones del país, sobre todo rurales. La principal demanda es que el estado de derecho esté vigente. Ello incluye que no se cometan violaciones a los derechos humanos por parte de los funcionarios gubernamentales, policías, del sistema de justicia y militares, y que se reconozcan sus actos cuando afecten a la población sin soporte legal.

Una de las principales preocupaciones de esta sociedad civil organizada es que los grupos criminales no sean los que gestionen la vida pública, como si fueran Estados paralelos regionales en amplias zonas del país, dándose una especie de feudalismo criminal. Esto sucedió en los estados de Chiapas y Guerrero entre 1980 y el año 2000, donde las Fuerzas Armadas implementaron estrategias de contrainsurgencia (Cencos-Ciepac-Global Exchange, 2000,

p. 137); en Michoacán por la ausencia del Estado y la presencia dominante de la Familia Michoacana y los Caballeros Templarios en la llamada región de Tierra Caliente (Zepeda, 2016); en Veracruz y Coahuila en los momentos del dominio de los Zetas; y ahora sucede en zonas de Jalisco y Guanajuato por la acción del cartel de Jalisco Nueva Generación.

El Estado federal mexicano en vez de intentar recuperar estos territorios mediante acciones integrales económicas, sociales y de impartición de justicia, desplegó a las Fuerzas Armadas. En términos de capacidades de investigación criminal, las carencias del Estado han impedido juzgar a los culpables y restaurar a las víctimas. Por ello también emergió un conglomerado de organizaciones civiles e investigaciones en las universidades, cuya demanda es construir un nuevo estado de derecho, debido a las incapacidades del vigente para que la guerra al narcotráfico sea efectiva sin violación de derechos humanos (Cossio et al., 2019). Esta sociedad civil, más la presión de organismos internacionales como la ONU y la OEA, logró ser decisiva para que se realizaran las reformas legales en 2011, modificándose la Constitución y su Capítulo 1. Este nuevo Capítulo sustituye el viejo de “garantías individuales”, por uno nuevo de “derechos humanos”. Esta sociedad civil define el problema como de impunidad e incapacidad del Estado:

Víctimas, colectivos, organizaciones de derechos humanos, expertas, expertos e integrantes de la academia han insistido en el imperativo de que la búsqueda y consecución de la verdad, la justicia, la reparación y no repetición por los hechos ocurridos no pueden ser dejados de lado si es que se desea transitar a una paz basada en el apego a un auténtico Estado de Derecho (Justicia Transicional Mx, 2019).

Para la visión de los militares, desde 2011 aparece una difícil dicotomía entre sus “tácticas” y los objetivos estratégicos del Estado, donde predomina la vigencia la Constitución y se puedan gestionar los estados de emergencia sin violar garantías de la población (artículo 29 de la Constitución). Los militares, como en toda América Latina, justifican sus despliegues como vitales por las incapacidades del Estado civil y eso les da una especie de percepción como “salvadores” del Estado y de la población en general en casos de crisis como la de la Covid-19 durante 2020. Esa percepción la percibe de igual manera el presidente AMLO al recurrir a ellos y con frecuencia, al igual que hicieron sus predecesores, considerarlos como el principal instrumento del Estado.

 

CONCLUSIONES: MILITARIZANDO CON RESPALDO POPULAR

 

El presidente AMLO tiene dos discursos hacia las Fuerzas Armadas. Uno público, antagónico hacia ellas, durante su larga trayectoria para alcanzar la presidencia en los últimos veinticinco años. Sin embargo, tiene un discurso privado en favor de los militares expresado durante su campaña electoral de 2006. En una reunión confidencial con el embajador de Estados Unidos Anthony Garza, sucedida el 31 de enero de ese año, hecha pública por la desclasificación de documentos del Departamento de Estado conocida como Wikileaks, AMLO le afirmó al embajador de Estados Unidos que pensaba realizar:

una importante reestructuración de la aplicación de la ley a fin de combatir más eficazmente los estupefacientes y la actividad terrorista. (…) Quiere dar a los militares más poder y autoridad en las operaciones antinarcóticos porque es la menos corrupta de todas las agencias de México y puede ser la más eficaz. Señaló, sin embargo, que esto requeriría una enmienda constitucional, pero estaba convencido de que podría lograrlo. También explicó que dar más autoridad a los militares limitaría a la Procuraduría General de la República (PGR) de México, que AMLO consideraba demasiado corrupta para tener el liderazgo en la lucha contra el narcotráfico (Garza, 2006).

Esta opinión desconocida para la opinión pública mexicana y los propios militares explica que, al triunfar en las elecciones, desde el 2 de julio de 2018 inicia una negociación por la reconciliación con las Fuerzas Armadas para cicatrizar las heridas. Por su lado, el ejército también buscaba transmitir al nuevo líder su doctrina de lealtad. Hubo un acercamiento con los secretarios de Defensa y Marina del gobierno saliente entre julio y noviembre de 2018, en el periodo de transición. Ambos jefes militares intentaron crear un grupo afín y proponerlo a AMLO para designar a los futuros secretarios. López Obrador los escuchó, pero no nombró a ninguno de ese grupo. Decidió seleccionar por sí mismo, mediante un proceso de consulta, para encontrar jefes militares afines a su proyecto político. Lo mismo sucedió con la construcción de la Guardia Nacional.

En términos de respaldo popular e imagen pública, las Fuerzas Armadas han sostenido un amplio apoyo ante la población entre el 60% y el 80% en todas las encuestas de opinión pública en los últimos treinta años. Esto a pesar de las acusaciones y críticas por su actuar en la guerra al narcotráfico y el tema de los derechos humanos. Este apoyo no lo ha tenido ningún líder político civil desde que inició la transición a la democracia. El único presidente que se acerca a estas cifras es AMLO (Consulta Mitofsky, 2019).

La pandemia Covid-19 a partir de febrero de 2020 ha servido para reafirmar esta militarización con respaldo popular. Las Fuerzas Armadas, al aplicar los planes de defensa DN3, Plan Marina y Plan Guardia Nacional, como se ve con la expansión de las misiones en 2019-2020, transmiten a la población lo más respetado de sus acciones: atender emergencias ante catástrofes naturales. Al mostrar su faceta humanitaria, eficiente y transmitir el hecho de que la sanidad militar es de las de mejor calidad en el país –y ahora están las puertas de los hospitales y centros de salud militares abiertas para toda la población–, reafirman su vocación popular y humanitaria. Con ello el respaldo de la población hacia los tres institutos castrenses seguramente se ampliará. Esto no obsta para que la sociedad civil exprese sus preocupaciones por el impacto posible negativo en la democracia en el país.

De esta manera se construye una nueva relación cívico-militar: pragmática, consolidando la orientación de la defensa hacia la seguridad interior y misiones humanitarias, ahora con tres Fuerzas Armadas y siendo esta relación uno de los pilares de la nueva gobernabilidad de México. Si consideramos los últimos treinta años de relaciones cívico-militares, en México no se construyeron en el sistema político mecanismos horizontales de relaciones propias de una democracia: no se ha edificado un control parlamentario, hay una difícil relación entre las instituciones militares y la sociedad civil organizada, y no existe un control civil de la política de defensa. Sólo se da la relación vertical entre el presidente y las Fuerzas Armadas establecida en el periodo autoritario de gobierno en el siglo XX.

Entre 2018 y 2020, a pesar de los efectos de la pandemia Covid-19, aunque estuvieron muy enfrentadas ambas partes y se observaba gran desconfianza mutua, la relación entre las Fuerzas Armadas y el presidente López Obrador mutó debido al pragmatismo, porque son los dos actores más populares del país, en cuanto se refiere a respaldo medido en encuestas de opinión. Las dos partes obtienen un sólido apoyo de la población de más del 50% de los sondeos. Por ello es una militarización con respaldo popular. Sin embargo, este respaldo de la población no es suficiente, pues el gobierno y las Fuerzas Armadas también necesitan de la sociedad civil organizada en organizaciones no gubernamentales, las universidades, los académicos y la prensa para lograr una legitimidad y darle viabilidad democrática a la dupla militares-gobierno, como sucede en cualquier democracia moderna. Por eso, México sigue viviendo el dilema de su historia: militarizar o civilizar (Tagle, 2020). De no civilizarse la vida del país, la relación de respaldo mutuo entre AMLO y las Fuerzas Armadas podría ser un esfuerzo de corto plazo, no democrático, que deteriore los equilibrios y balances de poder político en el país.

Este proceso de militarización se vio opacado desde el 15 de octubre de 2020, por la detención en la ciudad de Los Angeles, del exsecretario de la defensa nacional, general Salvador Cienfuegos, por una acusación de la Drug Enforcement Administration (DEA) por colaborar con una organización dedicada al narcotráfico en el estado de Nayarit. Esto ha provocado una discusión en México que se sintetiza en dos posiciones en el interior de la Sedena y el resto de los organismos de seguridad de México: en primer lugar, está la opinión nacionalista, que señala que es una intromisión inadmisible y una violación de la soberanía y falta de respeto a las autoridades mexicanas, y; la segunda, más pragmática, con la duda de que sean ciertas las acusaciones, la captura del general podría generar un gran daño a las instituciones militares, su prestigio, y su imagen ante la población y el estamento político. También han aparecido voces en Estados Unidos contra de la participación del ejército en el combate al narcotráfico. Una opinión destacada es la que según el embajador de Estados Unidos en 1990 John D. Negroponte, le transmitió su amigo, el entonces secretario de la defensa de México, Antonio Riviello. Según el diplomático estadunidense, el secretario Riviello se oponía, afirmando que “si se metía al ejército a esas tareas vamos a corromper toda la institución militar y va existir la tentación de utilizar todos los recursos, pistas aéreas, etcétera, para apoyar a los narcotraficantes” (Negroponte, 2020).

La opinión del presidente AMLO sobre este incidente ha sido de sorpresa, pero ha defendido a la institución militar, señalando que “hará investigaciones”, pero que hay que esperar el resultado del juzgado de Nueva York. De forma inaudita para los procedimientos de la justicia de Estados Unidos, el general Cienfuegos fue enviado a México el 18 de noviembre de 2020 (Grant, 2020). Con esta liberación, se justificó por los dos gobiernos para no modificar el buen curso de la relación bilateral en materia de seguridad y defensa. En enero de 2019 se revivió el esquema de cooperación e intercambio militar de información conocido como Ganseg (Medellín, 2020), que sustituye en los hecho a la Iniciativa Mérida impulsada por los presidentes Calderón y Bush en 2007. En este acuerdo ratificado la SEDENA y SEMAR cooperan con las siguientes instancias de seguridad, inteligencia y transferencia de tecnología:

 

•          DEA (Drug Enforcement Administration).

•          ATF (Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives).

•          DHS (Department of Homeland Security).

•          CBP (Customs Border Patrol).

•          ODC (Office of Defense Coordination).

•          FBI (Federal Bureau of Investigation).

•          DoC (Department of Commerce).

•          EXBS (Export Control and Related Border Security).

•          INL (International Narcotics and Enforcement Affairs).

 

El compromiso con la entrega a las autoridades de México de Cienfuegos resuelve dos dilemas: estaba en peligro toda la cooperación binacional en defensa, pues la Sedena podría haber paralizado la cooperación, molesta por la “traición” de Estados Unidos al capturarlo; y mejora la relación cívico-militar en México, pues los militares reconocen el esfuerzo del presidente en favor de uno de sus más importantes líderes. Así, el presidente al conmemorar dos años de su llegada a la presidencia el 1 de enero de 2018, señaló sobre las relaciones que él tiene establecidas con los militares:

Reconozco y agradezco el respaldo incondicional de los soldados y marinos de México que nos han apoyado en labores de seguridad pública, porque ahora lo permite la Constitución, nos han ayudado en la protección de instituciones estratégicas, en la noble aplicación de los planes Marina y DN-III en auxilio a la población afectada por sismos, inundaciones, ahora con la pandemia y otras calamidades; en nuestro gobierno los institutos armados están entregados, además, a la ejecución de obras en beneficio de nuestro pueblo: dragan ríos, limpian playas, construyen canales, aeropuertos y sucursales del Banco de Bienestar; administran puertos, vigilan aduanas y cultivan en viveros millones de árboles para sembrar parcelas comunales, ejidales y pequeñas propiedades; en fin, las Fuerzas Armadas están inaugurando una etapa nueva en su función de servicio a México (AMLO, 2020b).

 

 

En: Grabendorff Wolf. Militares Y Gobernabilidad. ¿Cómo están cambiando las relaciones cívico-militares en América Latina? Friedrich-Ebert-Stiftung en Colombia (Fescol). Bogotá, Colombia. 2021.