2024 Quinto Informe del Observatorio de la Guardia Nacional y la Militarización en México.

1.  1. Introducción
   El proceso de militarización de la seguridad pública que vive México no es nuevo; de hecho, fue a mediados de la década de los noventa que los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Secretaría de Marina (SEMAR) fueron incluidos en el Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP). Ante ello, en enero de 1996, diputados opositores promovieron una acción de inconstitucionalidad argumentando violaciones a los artículos 21 y 129 de la Constitución.

Paradójicamente, fue dicha a acción de inconstitucionalidad la que sentó el precedente para que en sexenios posteriores se continuará con el uso de las Fuerzas Armadas (FFAA) en tareas de seguridad pública, ya que la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) planteó que la participación del Ejército en dichas labores era constitucional en la medida en que fuese requerida y subordinada por una autoridad civil.

Aún cuando la militarización de la seguridad pública ha tenido momentos clave, entre los que destaca el combate frontal al narcotráfico mediante el despliegue de las FFAA en 2007 o la propuesta de la Ley de Seguridad Interior en 2017, es a partir de 2018 que tiene un aceleramiento histórico, con la creación de una Guardia Nacional (GN) de carácter militar, y el uso de las FFAA no sólo en tareas de seguridad pública, sino en funciones civiles diversas.

Debe subrayarse que antes de asumir la presidencia, Andrés Manuel López Obrador fue crítico del papel que desempeñaban las FFAA en materia de seguridad pública. En su momento refirió que estas instituciones eran utilizadas como un mecanismo de represión, e incluso llegó a señalar al Ejército como culpable de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Afirmó que, para resolver la crisis de inseguridad en el país, se debía atender principalmente sus causas, y que no podía seguirse enfrentando la violencia con el uso de la fuerza. Obviando sus promesas públicas, ignorando incluso la opinión de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y de diversos organismos internacionales, López Obrador promovió en cambio una militarización como nunca había conocido el país en su historia moderna.

Diversos ejemplos en América Latina han documentado que la participación de las FFAA en actividades de seguridad pública viene aparejada con “la pérdida de legitimidad de las instituciones democráticas, la crisis de gobernabilidad de los regímenes políticos y las altas tasas de violencia e inseguridad que afectan a las y los ciudadanos de la región”. Más aún, el uso indiscriminado y no regulado de las FFAA en estas funciones implica un grave riesgo para la ciudadanía y para las propias FFAA.

A lo anterior se añade que, desde su inicio, el gobierno de López Obrador difundió información contradictoria e incompleta respecto a su integración, presupuesto, operación y despliegue. Ante este panorama, se creó el Observatorio de la Guardia Nacional y la Militarización en México, integrado por un grupo de académicos, periodistas y expertos, así como por organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo de dar seguimiento a la construcción y resultados de la GN así como al avance e impacto de la militarización en el país.

A continuación, se presenta la información recopilada a cinco años del inicio de funciones de la GN, mediante fuentes oficiales (boletines, informes y comunicados), medios de comunicación locales y nacionales, y solicitudes de acceso a la información a distintas dependencias de seguridad federales relacionada con funciones, integración, formación, certificación, despliegue y presupuesto de las corporaciones militares, participación de militares en cargos civiles y presuntas violaciones a derechos humanos.

Quinto Informe del Observatorio de la Guardia Nacional y la Militarización en México (Resumen ejecutivo).

Como presidente electo, Andrés Manuel López Obrador se retractó de su discurso antimilitarista y estipuló en el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024 que, por la falta de instituciones policiales profesionales y capaces de afrontar el desafío de la inseguridad, era necesario seguir disponiendo de las instituciones castrenses en el combate a la delincuencia. Con esa premisa, López Obrador ha promovido una militarización como nunca ha conocido el país en su historia moderna, creando una Guardia Nacional (GN) militar e involucrando a las Fuerzas Armadas (FFAA) en tareas civiles diversas. Sobre este proceso de militarización acelerada, el gobierno ha brindado información contradictoria e incompleta. Fue por ello que se creó el Observatorio de la Guardia Nacional y la Militarización en México, integrado por un grupo de académicos, periodistas y expertos, así como por organizaciones de la sociedad civil.

A continuación, se presenta un resumen de la información recopilada a cinco años del inicio de funciones de la GN, a través de fuentes oficiales (boletines, informes y comunicados), medios de comunicación locales y nacionales, y solicitudes de acceso a la información a distintas dependencias de seguridad federales.

1. Integración
   ● Los incrementos del estado de fuerza de la GN corresponden, en su mayoría, a “transferencias” de elementos militares a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Hasta 2022, sabíamos que del total de elementos activos de la GN, el 71% provenía de las FFAA. Sin embargo, para 2023, la información no pudo ser actualizada.

Fuente: elaborado a partir de las solicitudes de información con número de folio: 330026423000108 y 330026623000859.

• Cuando se le preguntó a la GN, mediante solicitudes de transparencia, ésta respondió que, para 2023: “se cuenta con registro cero de elementos de la GN que fueran transferidos por la SEDENA y la SEMAR”.
• Aunado a este tipo de respuestas incoherentes, para 2024 la GN no ha cumplido su obligación de emitir su informe anual de labores.

• 2. Formación y certificación
  Si los militares en funciones de guardias van a cumplir con funciones policiales, deben sujetarse a las definiciones del Programa Rector de Profesionalización y acreditar materias como: primer respondiente, ética policial, derechos humanos, detención y conducción de personas, atención a víctimas y mediación policial.

• El gobierno ha presentando información inconsistente sobre el número de elementos de la GN supuestamente egresados de los cursos de capacitación inicial.

Fuente: Elaborado a partir de la solicitud con número de folio: 332259823000745 y 332259824000758

• Por otro lado, el Certificado Único Policial es un documento que debería acreditar que los policías son aptos para ingresar o permanecer en las instituciones de seguridad pública, y que cuentan con conocimiento, el perfil y las aptitudes necesarias para desempeñar su cargo.
• El último dato disponible indica que se había otorgado el CUP a 96,732 integrantes de la GN, sin que exista ninguna manera o instancia que lo verifique. De ser cierto el dato, quiere decir que a cinco años del inicio de operaciones, el 74% de los elementos de la GN cuenta con el CUP. De cualquier forma, según un acuerdo del Consejo Nacional de Seguridad Pública, para mayo de este año el total de los elementos de la GN deberían haber sido ya certificados.
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3. Despliegue

• El despliegue operativo de la GN debería corresponder a la incidencia delictiva de las entidades. Sin embargo, al cierre de 2023, la mayor cantidad de elementos de la GN se concentró en Ciudad de México (5,253). Entre los estados con niveles altos de incidencia que cuentan con un número similar o menor al de la CDMX se encuentran: Guanajuato, Baja California, Michoacán, Zacatecas y Tamaulipas.

4. Recursos
   • El presupuesto asignado a las FFAA ha alcanzado máximos históricos, mientras que los apoyos federales destinados al desarrollo policial han tenido aumentos mínimos o se han estancado, además de que el grueso de la administración pública federal ha sufrido severos recortes presupuestales.
   • Para 2024, se aprobaron 67 mil 526 millones de pesos para la GN (14 veces lo asignado en 2020), 247 mil 551 millones para la SEDENA (121% más que en 2023), y la SEMAR recibió 68 mil 596 millones (64% más que en 2023).
   • En conjunto, los presupuestos de las FFAA alcanzaron en este 2024 los 383 mil 673 millones de pesos, colocándose como el tercer presupuesto más importante, únicamente por debajo de la Secretaría del Bienestar y la Secretaría de Educación Pública.
   • A la par que se incrementa su presupuesto, los ingresos de las FFAA han aumentado sus recursos a través de otras vías; por ejemplo, mediante las transferencias de los presupuestos de, al menos, 267 atribuciones civiles y convenios con instituciones federales y locales; mediante fideicomisos sin estructura orgánica; controlando al menos 30 empresas de participación estatal mayoritaria creadas este sexenio; o mediante la administración del Tren Maya, el control de diversos puertos y diversos aeropuertos, o la operación de una aerolínea.
   • No hay relación positiva entre el incremento de recursos y mayor eficacia. En el último Censo Nacional de Seguridad Pública Federal del INEGI se reportó que, durante el 2022, la GN realizó únicamente 2,814 puestas a disposición de personas por la presunta comisión de delitos.

5. Elementos militares en la esfera civil
   • Al día de hoy, 15 secretarías de seguridad pública estatales están encabezadas por mandos militares: Baja California, Baja California Sur, Colima, Guerrero, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.
   • Además de la titularidad de la Subsecretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y del Centro Nacional de Inteligencia, 1,237 miembros de las FFAA ocupan cargos como secretarios, directores y administradores en corporaciones locales.
   • Además de la seguridad pública y del manejo de puertos, aeropuertos, aduanas y el Tren Maya, destaca también la titularidad de diversas oficinas del Instituto Nacional de Migración; de los Laboratorios Biológicos y Reactivos de México (Birmex); o de diversas oficinas del ISSSTE.

6. Presuntas violaciones a los derechos humanos
   • De enero de 2019 a mayo de 2024, la SEDENA, la SEMAR y la GN acumularon 4,800 quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos: torturas, desapariciones forzadas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, y detenciones arbitrarias supuestamente cometidas por sus elementos.
   • De acuerdo con los informes de la GN, de 2020 a 2023 no hubo ninguno de sus elementos sancionado penalmente.
   • Existen denuncias de espionaje por parte de las FFAA contra activistas, defensores de derechos humanos y periodistas. Ratificando su subordinación al Ejecutivo, la CNDH señaló, en un comunicado, que no había pruebas de que el gobierno federal o alguna entidad del mismo realizara este tipo de actividades.

7. Efectos de la militarización
   • La GN no ha dado resultados que incidan de manera significativa en la situación de violencia e impunidad crónicas que padece el país.
   • Se incrementa el peligro de un mayor número de violaciones a los derechos humanos.
   • El crecimiento en funciones y presupuestos de las FFAA ocurre en detrimento de las policías locales.
   • Dada la opacidad de las FFAA, se incrementan los riesgos de corrupción.
   • El protagonismo militar no es compatible con un sistema democrático definido por la preeminencia de las instituciones civiles. Especialmente preocupantes son las expresiones partidistas de altos mandos militares y las amenazas de funcionarios militares a jueces y funcionarios judiciales.

8. Propuestas para revertir la militarización

• Diseñar y construir una corporación policial federal de carácter plenamente civil.
• Restablecer e incrementar los presupuestos federales y locales para el desarrollo policial.
• Acotar y reorientar el presupuesto de las FFAA hacia el cumplimiento de sus tareas primordiales de modernización y defensa nacional.
• En los casos en que su apoyo en seguridad resulte indispensable, se debe cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el sentido de que dicha participación sea extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria.
• Diseñar con las FFAA un plan de repliegue a las funciones propias de una fuerza armada en democracia. Llevar a cabo una revisión crítica de las leyes orgánicas de las FFAA para precisar y acotar el alcance de sus responsabilidades en tiempos de paz, incluyendo:
  • Funciones para la seguridad interior.
  • Difundir de manera transparente y accesible información detallada sobre su presupuesto y procesos de desarrollo.
  • Formalización de mecanismos de interacción con la sociedad civil y organizaciones de derechos humanos mediante consultas públicas, mesas de diálogo y la apertura para recibir denuncias de la ciudadanía.
  • Fortalecer el papel del Congreso para vigilar e incluso investigar las labores de las dependencias involucradas en la seguridad pública, seguridad interior y seguridad nacional.
  • Reestablecer la autonomía de la CNDH.