Primero lo primero: la UNAM, por lo que es y ha sido, no tiene por qué deslindarse de la obra o dichos de sus profesores e investigadores. Los respeta y apoya, facilita sus comunicaciones y publicaciones, pero siempre aclara que los trabajos y sus frutos son de ellos. De su responsabilidad. La autoría se respeta, el plagio se denuncia.

No hay voz más potente ni escudo más firme para proteger y defender a la Constitución que la toga negra de los ministros que integran el supremo tribunal; es la defensora del ciudadano contra toda autoridad, cualquiera que ésta fuera, si su actuación contraviniera a la Carta Magna.
La reforma propuesta tan sólo tiene que ver con la designación de juzgadores y no toca los procedimientos judiciales ni los derechos de los gobernados. Ilustración: Jesús Sánchez.

‘Dictadura de opinión’ contra una Constitución inerme. La Constitución, sus libertades, sus derechos, sus garantías, sus instituciones aparecen inermes ante un régimen dispuesto a someter, desvanecer o francamente desaparecer —en el caso de los órganos autónomos— a los ‘enemigos’ identificados del presidente López Obrador. Ahora le toca al Poder Judicial y a su creciente autonomía, aborrecida por el gobernante. Mientras tanto, en la antesala de la muerte languidecen los órganos constitucionales autónomos, garantes, en diferentes campos, de la legalidad frente al despotismo. Se ha activado, al efecto, el arsenal de un tipo relativamente nuevo de dominación llamado ‘dictadura de opinión’. Esquemáticamente, esta trama se desarrolla en tres actos.

La leyenda romántica de que “la universidad es una república de estudiantes” renace de tiempo en tiempo en la UNAM. Adopta la forma de una demanda por “democratización” institucional en la cual la Junta de Gobierno desaparece y el rector es electo mediante una votación única en la que participan todos los estudiantes y todos los maestros.