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Sobran muestras de que el proyecto de modernidad capitalista impuesto por la civilización occidental nos arrastra peligrosamente al colapso planetario. Vivimos una crisis sistémica integral, cuyas guerras, refugiados y cambio climático son los elementos más dramáticos. En México, ante la reciente lista de agravios denunciada por las comunidades indígenas y el EZLN por conducto del Congreso Nacional Indígena, los pueblos han respondido con una propuesta sorprendente: presentarse a las elecciones presidenciales de 2018, mediante un Concejo Indígena de Gobierno y una portavoz de la etnia nahua de Jalisco, María de Jesús Patricio Martínez. Su propuesta abre un camino nuevo para la esperanza. Una esperanza que va mucho más allá de la lucha por la alternancia política promovida abajo y a la izquierda.

Una reflexión superficial entendería la apuesta sólo como una estrategia indígena para sobrevivir ante la situación de exterminio que acosa históricamente a los pueblos y que se ha intensificado en estos tiempos de capitalismo tardío. No obstante, la propuesta del movimiento indígena representa una oportunidad invaluable para que todas y todos los mexicanos comencemos a construir un proyecto alternativo al que se ha venido imponiendo desde la Conquista. Un proyecto propio, soberano, que coloque como protagonista a nuestra civilización de matriz cultural mesoamericana. Se trata no sólo de comenzar a cerrar el ciclo de dominación que se abrió hace 525 años, se trata también de enfrentarnos adecuadamente a la crisis sistémica actual con las herramientas culturales que nuestra civilización originaria nos aporta.

Septiembre de 1973: mes y año que señalan el rumbo de la historia hacia el futuro neoliberalismo. Un cambio que abarcará todos los aspectos de la vida humana y la manera de ver el mundo, la vida y aun la Historia. Un cambio que prometerá progreso para todos, pero que provocará desempleo y pobreza para los pueblos y acumulación de poder y de riqueza para sus élites gobernantes. Un cambio que acelerará el deterioro y los desastres ecológicos. Un cambio que seguimos viviendo con mayor rapidez, pero hoy con violencia y sangre. Veamos cómo sucedió ese cambio.

Día 11 de septiembre, Chile: un golpe militar, auspiciado por los Estados Unidos, pone fin al gobierno democrático de Salvador Allende. En los siguientes quince años que durará la dictadura, se pondrán en práctica las ideas del neoliberalismo que hoy mueven al mundo capitalista.

Día 14 de septiembre, México: en un acto de solidaridad con el derrocado gobierno de Allende, Jesús Reyes Heroles (Carmona, 2014: internet), presidente del Comité Ejecutivo del PRI, analiza el significado del cuartelazo y los rasgos que adoptará el nuevo régimen que implantará en Chile la nueva dictadura militar, en los términos que leo a continuación:

Se trata de un nuevo fascismo [...] Si el viejo fascismo [...] quería dominar pueblos, explotar tierras y hombres con la fuerza y la hegemonía militar, el nuevo fascismo colonial encuentra su apoyo en el hecho de que los grandes monopolios internacionales exploten despiadadamente los recursos naturales de su país; quiere evitar las tensiones y conflictos imponiéndose con mano férrea a las contradicciones económicas; busca la alianza entre los monopolios internos y los externos, o mejor dicho, la subordinación de los primeros a los segundos, y facilita, acabando con la libertad sindical, con los derechos de los trabajadores, la mayor explotación de la mano de obra por los monopolios internos y externos.

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 Ernesto Zedillo ha dicho que romperá la tradición iniciada en 1926 de designar al candidato del PRI a la presidencia de México simulando un consenso. Pero hay quien teme que sólo trate de implantar un 'dedazo' moderno.

El dedazo del presidente mexicano Gustavo Díaz Ordaz en favor de Luis Echeverría, la decisión de elegir y bendecir directamente a quien entonces era su ministro del Interior como próximo jefe de gobierno, previa participación en unas elecciones presidenciales ganadas de antemano porque el espacio cedido por el régimen a la oposición era inexistente, se produjo el 22 de octubre de 1969 de conformidad con el rito imperante en el gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) durante casi siete decenios. "La anécdota del libro que más se parece a lo que está ocurriendo ahora es la forma en que tuvo lugar aquella designación", dice Jorge Castañeda, autor de La Herencia. Arqueología de la sucesión presidencial en México (Alfaguara).

Relata el analista en su obra que el presidente Gustavo Díaz Ordaz, había tomado personalmente la decisión de nombrar su sustituto a Echeverría pero convocó a los jerarcas del partido, nueve en total, para mentirles de manera brillante: "Me permito comunicarles que don Alfonso (Alfonso Martínez Domínguez, presidente del PRI), el líder de nuestro partido, después de haber celebrado una auscultación muy completa, como a ustedes les consta, ha llegado a la conclusión de que el candidato que reúne las mejores condiciones es Luis Echeverría". A renglón seguido, y para perplejidad de los aludidos, agregó. "Como miembro distinguido del partido he sido comisionado para comunicárselos. Entiendo que ustedes también han llegado a esa conclusión. Los felicito por esa decisión, que yo comparto".

Peña Nieto

Señor Presidente, buenos días.

Trump

¿Cómo está usted, señor presidente?

Peña Nieto

Estoy bien. ¿Cómo está? Es bueno hablar con usted. Permítame cambiar a español para estar más cómodo.

Trump

Sí, estaría bien, Enrique.

Peña Nieto

Presidente Trump, estoy muy contento de saber de usted y sé que hemos tenido diferencias que han complicado la situación. Permítame decirle claramente lo que creo que está pasando ahora en la ruta de llegar a un acuerdo entre nuestras dos naciones. Lo primero que quiero decir es que aprecio mucho la apertura de su equipo y la voluntad de su equipo de trabajar para abrir un nuevo marco entre nuestros dos países.

Trump

Gracias.

Peña Nieto

Sí, y también quiero agradecerle personalmente lo que dijo el miércoles pasado sobre la importancia de México para tener una economía fuerte y también la responsabilidad que nuestra administración ha aceptado para detener el tráfico ilegal de armas y dinero que entra en México. Sin embargo, hemos encontrado aquí un problema que marca diferencias y esto no es nada nuevo, señor Presidente. Creo que desde su visita hemos hablado de esto y esto es de lo que quiero hablar, esta diferencia. Permítame decirle, señor Presidente, que esto no es una diferencia personal. No tiene nada que ver con usted personalmente, Sr. Presidente. Pero es impensable que no pueda ignorar esto porque consideramos que esto es totalmente inaceptable para los mexicanos que paguen por el muro que están pensando en construir. Entiendo, Sr. Presidente, el pequeño margen político que tiene ahora en términos de todo lo que dijo que estableció a lo largo de su campaña. Pero también quisiera hacerle entender, Presidente Trump, el poco margen que tengo como Presidente de México para aceptar esta situación. Y esto ha sido, lamentablemente, el

 “En la guerra conoces lo peor y lo mejor de los hombres; en ella se da cita la más extraordinaria de las heroicidades y la más abyecta de las villanías. En la guerra conoces a los malditos que ordenan a los jóvenes a matar y morir sin haber escuchado jamás un disparo y desde la seguridad de sus oficinas blindadas, y conoces también los sufrimientos de los soldados, de los combatientes guerrilleros y sobre todo de la población civil. En la guerra aprendes que hay que hacer el mayor de los esfuerzos para evitar que la guerra continúe.” Epigmenio Ibarra.

"En Entrevista de RT, Epigmenio Ibarra, productor y periodista mexicano, que cubrió todos los conflictos de los 80, explica cómo una guerra revela lo peor y lo mejor del ser humano y cómo es la guerra actual que vive México, guerra iniciada por Felipe Calderón “un criminal de la peor especie”. Además, reflexiona sobre el México de Nieto, donde el estado y el crimen organizados son dos caras de la misma moneda y por qué los 43 normalistas han sido los maestros de la sociedad mexicana."

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Después de declarar que la política internacional de México se había caracterizado por la seguridad de sus principios, y que los resultados adquiridos eran "suficientemente satisfactorios", decía Carranza:

"El deseo de que iguales prácticas que las adoptadas por México, sigan los países y las legislaciones todas, pero en particular la América Latina, cuyos fenómenos específicos son los mismos que los nuestros, han dado a tales principios un carácter doctrinario muy significativo, especialmente si se considera que fueron formulados por el que habla, como el Primer jefe del Ejército Constitucionalista encargado del Poder Ejecutivo de la nación en plena lucha revolucionaria y que tenían el objeto de ilustrar al mundo entero de los propósitos de ella y los anhelos de paz universal y de confraternidad latinoamericana. Las ideas directrices de nuestra política internacional son pocas, claras y sencillas. Se reducen a proclamar, que todos los países son iguales; deben respetar mutua y escrupulosamente sus instituciones, sus leyes y su soberanía; que ningún país debe intervenir en ninguna forma y por ningún motivo en los asuntos interiores de otro. Todos deben someterse estrictamente y sin excepciones al principio universal de no intervención, que ningún individuo debe pretender una situación mejor que la que los ciudadanos del país a donde vaya a establecerse, ni hacer de su calidad de extranjero un título de protección y de privilegio. Nacionales y extranjeros deben ser iguales ante la soberanía del país en que se encuentra; y finalmente, que las legislaciones deben ser uniformes e iguales en lo posible, sin establecer distinciones por causa de nacionalidad, excepto en lo referente al ejercicio de la soberanía.

De este conjunto de principios resulta modificado profundamente el concepto actual de la diplomacia. Ésta no debe servir para la protección de intereses particulares, ni para poner al servicio de éstos la fuerza y la majestad de las naciones. Tampoco debe servir para ejercer presión sobre los gobiernos de países débiles, a fin de obtener modificaciones a las leyes que no convengan a los súbditos de países poderosos.

La diplomacia debe velar por los intereses generales de la civilización y por el establecimiento de la fraternidad universal."

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¿Enojo, irritación, encabronamiento? ¿Vergüenza, lástima?, son sentimientos que se agolpan frente a la pusilánime e ignominiosa actitud del gobierno mexicano, que se rebaja para acatar la instrucción del gobierno de Estados Unidos, de su presidente, al entrometerse en la política interna de Venezuela y declarar, oficialmente, que aplicará a 13 funcionarios o ex funcionarios venezolanos las mismas sanciones que decretara el gobierno de Trump, sin siquiera presentar argumentos propios para sustentar estas medidas, en un claro sometimiento intervencionista y servil.

Esta incondicional sumisión a la prepotencia trumpiana contradice todo lo que en el pasado se llamó la política exterior mexicana, reconocida por la defensa, rescate y ejercicio de la soberanía nacional, el respeto a la autodeterminación y a la no intervención, la preservación de la paz y la búsqueda del diálogo y la negociación en los conflictos internacionales, abandonada paso a paso por los entreguistas gobiernos neoliberales, nunca por cierto, tan absolutamente ignorada como por la administración actual.

Uno de los estados de la República que más ha acusado los agravios derivados de las actividades de grupos delictivos es, sin duda, Tamaulipas, entidad en la que en los últimos tiempos han destacado grupos como el Cártel del Golfo y los Zetas, aunque allí las organizaciones criminales tienen larga data, como lo muestra la historia de Juan N. Guerra.

Para que la operación de esas agrupaciones fuera posible una condición ha sido clave: la connivencia del poder público con ellas. En efecto, en diversos grados y niveles esas bandas han contado con la complicidad de gobernantes, especialmente en el estado, cuyos titulares del Poder Ejecutivo parecen vinculados a ellas.

La descripción y el análisis de ese monipodio entre la política y el narcotráfico en aquella entidad es realizado por Humberto Padgett en su libro Tamaulipas. La casta de los narcogobernadores: un eastern mexicano (México, Urano, 2016). El autor dice en el libro acerca de Tomás Yarrington y Eugenio Hernández: “Hoy, ambos ex gobernadores son considerados como promotores del narcotráfico y lavadores de dinero durante una de las épocas más violentas del México posrevolucionario. No sólo son ubicados en esa categoría por los tamaulipecos, que así los han calificado a ellos y a una docena de sus predecesores desde hace muchos años, sino también por las agencias antidrogas y de persecución criminal de Estados Unidos, principales fuentes investigativas del Gobierno mexicano sobre el narcotráfico”.

Sobre esa historia conversamos con Padgett (Toluca, 1975), quien estudió Periodismo en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, de la UNAM. Autor de seis libros, ha colaborado en medios como Reforma, Sin Embargo, Proceso y Emeequis. Ha recibido diversos premios: cinco veces el Nacional de Periodismo, el Internacional de Periodismo Rey de España, el Ortega y Gasset, el Iberoamericano de Periodismo Joven y el Nacional de Periodismo Cultural Fernando Benítez, entre otros.

PRIMERA-ENTREGA

PREFACIO

Hace unos diez años, pasando algunos días bajo el hospitalario techo del distinguido y llorado jurista belga M. de Laveleye, la conversación recayó, durante uno de nuestros paseos, en el tema de la religión. “¿Quiere usted decir –preguntó el venerable profesor— que no tienen ustedes instrucción religiosa en sus escuelas?"-- Ante mi respuesta negativa se detuvo repentinamente, lleno de asombro, y en una voz que no olvidaré fácilmente, repitió: “¡No tienen religión! ¿Cómo dan ustedes la educación moral?” La pregunta me dejó entonces desconcertado. No podía dar una respuesta inmediata, porque los preceptos morales que yo había recibido en los días de mi niñez no procedían de las escuelas, y hasta que empecé a analizar los diferentes elementos que formaban mis nociones del bien y del mal, no comprendí que era el bushido el que los había inspirado en mis pulmones.

La concepción inicial directa de este librito se debe a las frecuentes preguntas de mi mujer, sobre las razones que determinan el predominio de tales o cuales ideas y costumbres en el Japón.

Las revelaciones hechas el lunes pasado por The New York Times acerca de cómo el gobierno mexicano espía a sus propios ciudadanos cuando le resultamos incómodos son atroces. El espionaje es canonjía de cobardes. Nunca antes una frase lapidaria como ésa había adquirido tanta resonancia. La tragedia nacional resumida burdamente en postal de caricatura: el país cruzado de injusticias e históricas deudas sociales y un reyezuelo medroso –esencialmente corrupto– que intenta rescatar fortalezas por medio del miedo, porque sin duda él conoce muy bien el miedo, y ha aprendido a administrarlo, a dosificarlo desde la cómoda montura, aunque sea solamente temporal, que por ahora le brinda el poder político que detenta. En lugar de reconocer que el Estado mexicano tiene una deuda impagable con los deudos, cientos de miles, y víctimas precisamente de abusos, yerros, omisiones deliberadas y ya de plano crímenes atroces –muchas veces cometidos precisamente por esos agentes del Estado que deberían ser garantes del bienestar público–, como la desaparición de estudiantes, niñas

Este reporte revela una serie de ataques contra periodistas y activistas en México, ocurridos entre enero de 2015 y julio de 2016, mediante el malware Pegasus. Este software malicioso, desarrolla- do por la firma israelí NSO Group, es comercializado únicamente a gobiernos. Se ha documentado su adquisición por al menos tres dependencias en México: la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Procuraduría General de la República (PGR) y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN).

El 24 de agosto de 2016, los investigadores del Citizen Lab de la Universidad de Toronto documentaron el método de infección del malware Pegasus gracias al activista Ahmed Mansoor, defensor de derechos humanos radicado en los Emiratos Árabes Unidos. En términos generales, el modus operandi de la infección consiste en el envío de un mensaje SMS al objetivo con un texto que busca engañarlo, mediante el uso de técnicas de ingeniería social, para hacer clic en un enlace adjunto.

Al hacer clic en el enlace, el navegador se abre y redirige al objetivo a uno de los sitios web de la infraestructura de NSO Group, dándole la oportunidad al malware de instalarse en el dispositivo gracias a una vulnerabilidad en el sistema operativo. De este modo, el atacante gana acceso a los archivos guardados en el equipo, así como a los contactos, mensajes y correos electrónicos.

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El periodo entre 1945 y 1970 fue uno de extrema alta concentración de capitales a escala mundial y también de hegemonía geopolítica de Estados Unidos. En la geocultura el liberalismo centrista llegó a su cumbre como ideología gobernante. Nunca antes el capitalismo pareció funcionar tan bien. Esto no habría de durar.

El alto nivel de acumulación de capital, que en particular favoreció a las instituciones y al pueblo de Estados Unidos, alcanzó los límites en su capacidad para garantizar el necesario cuasi-monopolio de las empresas productivas. La ausencia de un cuasi-monopolio significó que por todas partes la acumulación de capital comenzara a estancarse y los capitalistas comenzaron a buscar modos alternativos de sostener sus ingresos. Los principales modos fueron la relocalización de sus empresas productivas en zonas de costo menor y el involucramiento en la transferencia especulativa de capital existente, eso que le llamamos la financiarización.

El gobierno lopezmateísta sostuvo una política internacional independiente de la pugna entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que logró para México un importante y respetado lugar dentro del concierto mundial de las naciones, por sus principios de respeto a la autodeterminación y no intervención en los asuntos internos de los pueblos. Fiel a estos principios, el 30 de enero de 1962, México fue el único país que se abstuvo de votar a favor de la expulsión de Cuba de la Organización de Estados Americanos, OEA, cuando su revolución se declaró “marxista-leninista”; asimismo, rechazó que se le impusieran sanciones económicas y conservó relaciones diplomáticas con el gobierno de Fidel Castro.

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Distinguido señor presidente Enrique Peña Nieto; con todo el respeto que su investidura representa, me dirijo a usted para comunicarle lo siguiente: De acuerdo con las leyes de nuestro país, la pena de muerte quedó abolida hace más de 70 años, generando con ello un cambio fundamental en la historia de México, al reducir significativamente los niveles de violencia los siguientes 50 años, después de los cuales la inseguridad y el crimen volvieron a crecer durante gobiernos originados en su partido, como el de Carlos Salinas, que durante su último año de gestión tuvo que enfrentar el asesinato de Luis Donaldo Colosio y del secretario del PRI, luego del surgimiento de los primeros cárteles del crimen.

En 2007, el entonces presidente Felipe Calderón decidió instrumentar una guerra contra el narco, ordenando al ejército salir a las calles para terminar con el crimen organizado, sumiendo al país en un estado de violencia permanente y sin mayores resultados que la muerte de decenas de miles de personas, muchas de las cuales murieron siendo inocentes, al igual que los delincuentes, sin ser sujetos a un juicio cuyo resultado en ningún caso habría sido la muerte. Al asumir el gobierno en diciembre 2012, usted decidió continuar dicha guerra sin medir los riesgos que implicaba, no sólo para la población y para los delincuentes sino para las mismas fuerzas armadas, ya que el involucramiento del ejército en tales actividades ha hecho de la muerte y la violencia una forma de convivencia natural, que está dañando las raíces sociales que sustentan a la nación, colocando a las fuerzas armadas, ante el riesgo real de verse involucradas en actividades delictivas y dando como resultado el agravamiento de la violencia que enluta cada día más hogares mexicanos.

Después de los ataques a los estudiantes de Ayotzinapa del 26 de septiembre de 2014 las normales rurales quedaron en la mira. Quienes poco o nunca habían oído hablar de estas instituciones descubrieron la historia que las ancla al legado revolucionario, la oportunidad de educación que han brindado para los pobres, y su tendencia a despertar la conciencia social de quienes allí se forman. Al hondear en su pasado, se descubre también el largo historial de agravios que han padecido, de su abandono presupuestal, a su satanización en los medios de comunicación, a la represión de Estado. En esta dialéctica se han formado los maestros rurales.

Desde su fundación a partir de las décadas de 1920 y 1930 las normales rurales fueron diseñadas bajo una lógica tanto pragmática como ideológica. Su razón práctica fue formar maestros para una nación donde urgían profesores a la vez que daban a hijos de campesinos acceso a una profesión que les permitiera superar su condición de pobreza.

En su proyecto ideológico, se enfatizó la educación como ejercicio democrático –dentro y fuera del aula. Se desdeñaron los métodos pedagógicos autoritarios, se promovió la participación de los alumnos en el gobierno escolar y se adoptó un exhaustivo código disciplinario en el cual tendría injerencia el alumnado. Como la idea era formar maestros que fueran líderes sociales capaces de asesorar al pueblo en sus derechos agrarios y laborales, era importante desechar tendencias sumisas.

En los gobiernos estatales y locales, la sindicalización y la negociación colectiva no se habían desarrollado mucho sino hasta hace poco tiempo. En algunos de ellos, los empleados nunca ganaron la batalla por la seguridad en el cargo, contra el principio de "botín" político. En otros, el servicio civil llegó a estar tan fuertemente atrincherado que impidió el desarrollo de sindicatos poderosos. En la mayoría, los sindicatos se de­salentaron ante la actitud esencialmente conservadora de las legislatu­ras estatales, los consejos urbanos, las juntas de condado y las juntas de educación. Sin embargo, los sindicatos sí se desarrollaron en ciertas partes del gobierno federal, y tuvieron una influencia creciente sobre las políticas de empleo federales. Poco después de aprobada la ley Pendle­ton, los sindicatos de correos cumplieron una importante función en la aprobación de la ley de la jornada laboral de ocho horas para empleados federales, de 1888,¹ y después, de la Ley Lloyd-LaFollette, de 1912, que durante 65 años siguió siendo la ley más importante —en realidad, casi la única— que afirmaba y protegía los derechos de los sindicatos fede­rales. Éstos, a los que después se unió un sindicato de servicios generales —la Federación Nacional de Empleados Federales (NFFE)—** influyeron en la aprobación de la Ley de Retiro de 1920 y en la Ley de Clasificación de 1923.

El mundo del presupuesto, que hemos llegado a conocer bien en los últimos 50 años tras el advenimiento de la revolución keynesiana en la economía pública y la rápida expansión del Estado administrativo, está desorientándose con rapidez debido a acontecimientos nuevos e ines­perados. Los marcos de referencia familiares están quedando borrados. Las reglas del juego del presupuesto están cambiando con rapidez, y muchas autoridades públicas están en peligro de extraviarse, si no se adaptan a las nuevas circunstancias. La credibilidad de unas finanzas públicas seguras que durante tanto tiempo se dio por sentada está hoy en entredicho. La certidumbre y la estabilidad están cediendo ante la incertidumbre y la inestabilidad.

Puede decirse que los procesos de presupuesto prosperan en la esta­bilidad. Como el presupuesto trata de hacer provisiones financieras para actividades futuras, depende de una atinada predicción de la can­tidad de ingresos disponibles y del costo de los gastos. En su forma más refinada, exige un conocimiento de la futura producción o de los logros relacionados con ciertos recursos determinados, preferiblemente du­rante un largo periodo. Cuando mejor funciona el presupuesto es cuando los ajustes de un año a otro son marginales, cuando es posible hacer compromisos firmes antes de los gastos, cuando el pasado reciente es buena guía del futuro inmediato, y cuando es fácil y rápido evaluar los resultados.

Mi subtítulo plantea como pregunta la muy citada "ley" de Wallace Sayre. Sayre había pasado algunos años en Ithaca, ayudando a planear la nueva Escuela de Administración de Empresas y Administración Pública, de Cornell. Se fue a Columbia con este aforismo: la gestión pública y privada fundamentalmente similares en todos los as­pectos no importantes.

Basó su conclusión en años de observación personal de los gobiernos, un buen oído hacia lo que sus colegas de Cornell (y antes, en la OPA) decían acerca de las empresas, y una minuciosa revisión de la bibliografía y de los datos en que se comparaban las gestiones pública y privada. Sobre esta última, virtualmente no había ninguno. Por tanto, la provocativa "ley" de Sayre fue, en realidad, una invitación abierta a investigar.

De los asistentes al último Encuentro de Escritores Latinoamericanos efectuado en Viña del Mar y en la Universidad de Valparaíso, Chile, en 1970, me impresionó gratamente la persona de Marcelo Quiroga Santa Cruz, tanto por la solidez de sus intervenciones en dicho coloquio, así como la seriedad y certeza con que participaba en los Foros de Valparaíso, no sólo frente a estudiantes, sino ante los obreros y los campesinos más pobres de Chile.

Era quizá también, entre los participantes, uno de los más ecuánimes. Por eso no me extrañó que poco después al subir al poder el general Torres lo nombrara ministro de Hidrocarburos y fuera quien expropiara el petróleo de Bolivia.

Yo lo sabía político, además de escritor, pues tuve la oportunidad de conversar con él en numerosas ocasiones; ya a la hora del almuerzo, o simplemente charlando mientras tomábamos un café en la terraza del hotel O'Higgins y posteriormente en Santiago.