Primero vimos cómo una mayoría de votos se convertía en una mayoría calificada de escaños, con un margen de diferencia como no había sucedido en México desde hace más de 70 años. Violando preceptos constitucionales y con la complicidad de las autoridades electorales, el 54% de los votos se convirtió en el 74% de los escaños en la Cámara de Diputados. Y cómo en la de Senadores la coalición oficial carecía de esa mayoría calificada y la construyó con chantajes y compras de legisladores a plena luz del día. Claro, porque nunca faltan quienes pueden ser chantajeados y comprados.

Seguirá siendo una democracia un país que altera la división de poderes?
La concentración de poder avanza sin que se perciba un plan definido de lo que el grupo en el poder quiere hacer con las capacidades crecientes que viene acaparando. Dudo mucho que la presidenta quiera convertirse en la próxima Daniel Ortega de este país y me parece poco probable que se esté pavimentando el camino para que López Obrador pueda regresar. La concentración de poder ha arrasado con la carrera judicial. Limitan severamente las capacidades de las entidades federativas y municipios de interponer controversias constitucionales, porque han decidido aplicar la cláusula de José Alfredo Jiménez “mi palabra es la ley… y mi proyecto el supremo”.

Claudia Sheinbaum se dice sorprendida porque se le describa aquí y fuera de nuestro país como la cofundadora de un régimen autoritario. Dice que la denuncia del nuevo autoritarismo mexicano es absurda porque ella siempre ha luchado por la democracia y porque la etimología de la palabra avala la destrucción de un árbitro independiente que pueda corregir abusos cometidos en nombre de “El Pueblo”.

Con la aprobación atropellada de la llamada “Supremacía Constitucional”, todos perdemos.
Claudia Sheinbaum ha perdido la oportunidad de demostrar que actuará en función de la evidencia y la razón. Morena ha perdido al demostrar su insaciable ambición de poder y la necesidad de acumularlo, aunque con ello mine la legitimidad del gobierno, o la gobernabilidad del país.