Hoy se cumplen dos años de la memorable jornada cívica que nos permitió llegar, por mandato popular, a la Presidencia de la República. Cinco meses después tomamos posesión del cargo y desde entonces lo hemos venido ejerciendo en representación del pueblo, el mismo pueblo al que ahora rindo cuentas sobre lo alcanzado en estos primeros 19 meses de una nueva etapa en la vida pública de México.

Como es sabido, estamos llevando a cabo una auténtica transformación política, económica, social y cultural, guiados por los ideales y principios de la honestidad, la justicia, la libertad, la democracia y la fraternidad.

Uno de los más importantes indicadores del grado de desarrollo socioeconómico de una nación radica en el nivel educativo de su población, ya que la falta de instrucción elemental de sus habitantes los lleva a considerarlos como analfabetas, es decir como personas incapaces que no saben leer, escribir y realizar las cuatro operaciones aritméticas básicas: la suma, la resta, la multiplicación y la división.

Para poder determinar el grado de analfabetismo en México es indispensable conocer cual es la condición de analfabeta. Así en términos generales el censo General de Población y Vivienda considera como “analfabetas a los que han pasado de la edad escolar y no saben leer ni escribir”, es decir, el censo considera como analfabeta al que no sabe leer y escribir.

La repetición constante de una conducta delictiva que logra prevalecer y multiplicarse con éxito se denomina delito por simpatía. Y esa figura es la que se afianzó y expandió como nunca en México, en manos de una pandilla cleptómana e irresponsable que en las pasadas administraciones organizó el saqueo más desmesurado de las riquezas patrimoniales y de las empresas estratégicas del Estado. Todo para beneficio de un cártel delictivo gubernamental que provocó, en los seis años del gobierno anterior, la multiplicación en 182 por ciento de la deuda pública histórica del país.

Esos saqueadores ineptos sólo supieron robar y no tuvieron capacidad alguna para gobernar y, menos, para cuidar el patrimonio nacional. Por ello, en lugar de conservar y proteger esas instituciones y corporaciones del Estado, encomendando su administración y desarrollo a profesionales capaces, independientes e idóneos, debidamente auditados, como se hace en las grandes empresas mundiales con todo éxito, optaron por desmantelarlas, corromperlas, endeudarlas o rematarlas, junto con todos los recursos y riquezas que eran patrimonio público de los mexicanos, para así consumar ese saqueo en beneficio propio o de terceros, ya que, si todo ese patrimonio lo hubieran sabido conservar y manejar para hacerlo producir, habrían enriquecido al país y a cada mexicano. Y hoy, todo ello, sólo significa una pérdida mayúscula e irreparable para la nación.

De esa manera, los depredadores gubernamentales entregaron las instalaciones portuarias construidas por México a consorcios extranjeros para que se enriquecieran hasta por 100 años. Lo mismo realizaron con los aeropuertos e instalaciones que eran del Estado y que, ahora, disfrutan y explotan unos cuantos beneficiarios. Igualmente, pignoraron inmensos territorios mineros con criterios coloniales y a precios irrisorios.

I. Las campañas importan. 

Escogí el tema de “Las Campañas Electorales en el Siglo XX en México”, porque en las últimas décadas se ha desarrollado una onerosa industria de la democracia (1) que, originada en los Estados Unidos, ha echado raíces en América Latina. (2) 

Intento exponer que las campañas electorales que resultan de esta industria distraen cada vez más cuantiosos recursos públicos y dan ocasión a financiamientos ilegales de grupos de presión y hasta criminales, cuyas aportaciones incrementan la corrupción legislativa, gubernamental y empresarial. (3) 

Pero lo más importante: las campañas al estilo americano, por su alto costo, son un medio más de convertir el poder económico en poder político, e impiden una democracia de calidad porque usan complejas y costosas tecnologías de investigación, persuasión y comunicación para provocar las emociones del elector al decidir su voto; y nunca o muy poco, su razón. (4) 

En contraste, las campañas democráticas han ser contiendas de oposiciones racionales, no guerras de imágenes diseñadas para prender pasiones y de bots creados para aparentar seguidores. Menos fuente de nuevas ganancias para quienes invierten en candidatos haciendo de la política un negocio más. 

II. Supuestos básicos de las campañas. 

La democracia reconoce que los hombres son contendientes perennes por el poder, pero que pueden ponerse de acuerdo mediante la política. Como todos deben mandar y todos deben obedecer en función del interés colectivo, “para que la democracia sobreviva al conflicto que lleva en su seno, se requiere que todos los contendientes acuerden respetar las reglas del juego; y el acuerdo fundamental será el destierro del uso de la violencia a cambio de un proceso electoral limpio, donde el voto sea el veredicto que da el ciudadano sobre el ejercicio del poder”. 

En la democracia directa no hicieron falta campañas electorales. El pueblo tenía en sus manos el poder político y lo ejercía. En la democracia representativa es necesario nombrar ciudadanos para los cargos públicos: así nacieron las elecciones y los candidatos. Los ciudadanos aspiran a los puestos porque de ser elegidos, adquieren poder sobre sus electores individuales, aunque no frente al conjunto del electorado. La necesidad de los candidatos de obtener la mayoría de los votos hizo surgir las campañas electorales (5). 

Para pedir el voto, los primeros candidatos sólo tuvieron la comunicación interpersonal, por lo que los sofistas usaron la retórica, como el arte de dominar a las masas mediante la habilidad oratoria, incluyendo imágenes para mayor impacto, como las túnicas cándidas, que resaltaban la pureza de los contendientes.