VOTO PARTICULAR. Senador Manuel Bartlett Díaz. Partido del Trabajo. 

Senadores y Senadoras.

A principios de 2017 nuestro grupo parlamentario presentó al Pleno una completa e integral iniciativa en materia de seguridad interior, alternativa a las oficiales, y que hasta el momento la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado no ha querido dictaminar ni siquiera por ese pluralismo en el Senado podemos tener ese tipo de participaciones.

Esperamos que democráticamente este voto particular sea al menos discutido en este Pleno democrático y supuestamente plural.

En esa iniciativa que es nuestro voto particular, en más de 200 páginas que hemos presentado ya a la mesa pidiendo que se publique en el Diario Oficial del día de hoy, hacemos un estudio pormenorizado del tema, abordamos lo siguiente.

Las razones geopolíticas que impulsan la aprobación de una Ley de Seguridad Interior, esas tienen que ver con nuestra integración subordinada a los Estados Unidos, y el propósito de ese país para que en América Latina se constituyan estados policiacos militares.

No se tomó en cuenta y lo ocultan y callan.

Exponemos de acuerdo a documentos académicos y políticos en los Estados Unidos lo que es un Estado policiaco militar, el que consiste fundamentalmente en otorgar a las Fuerzas Armadas el control social de las sociedades nacionales para proteger los intereses de las empresas trasnacionales y, además, garantizar a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos el control militar del continente.

Definimos y distinguimos de acuerdo a las nuevas concepciones teóricas del gobierno de los Estados Unidos las diferencias entre seguridad pública, interior y nacional.

Precisamos lo que es el militarismo y las consecuencias históricas que ha tenido en relación a la negación del desarrollo democrático de los países y la afectación de los derechos humanos, ahí está perfectamente establecido.

El juicio histórico para el militarismo es negativo, contribuye a consolidar regímenes autoritarios que desprecian los derechos humanos.

Al venir a tratar la cuestión propuesta por la Comisión en el artículo 13, es necesario plantear la verdadera cuestión. El militarismo es un padecimiento de las sociedades jóvenes, en virtud del cual un Ejército convertido en casta militar toma por asalto los poderes públicos y llena con sus personalidades todas las funciones orgánicas de una sociedad. En estos momentos y juzgando las cosas por los compañeros diputados que han estado en los cara pos de batalla y que no tienen de mí, que no pueden recibir de mí más que elogios por su actitud, tanto en los campos de batalla como en el Congreso Constituyente, no se puede juzgar la cuestión militarista de México por ellos, ni tampoco se puede juzgar esa cuestión por el aspecto que tiene en el exterior. Al hablar de ella, como han repetido muchas veces que son ciudadanos armados, yo no les doy el epíteto de militares, sino el de compañeros diputados representantes del pueblo, y al hablar de la revolución personalista que ha tenido por objeto destruir el militarismo a pesar de los vicios que todavía son inherentes a nuestros grandes movimientos, tampoco hago referencia a ellos, y voy a invocar aquel principio de la cortesía francesa, en que se decía que en toda conversación se entendían exceptuados a los presentes. 

Tres cosas, tres instituciones caracterizaban el viejo régimen de la España de donde nosotros hemos heredado nuestras instituciones; una era la Inquisición, que era un tribunal que, entre paréntesis, diré que no era más que un tribunal; los conventos y el militarismo. Entre nosotros, es decir, en todo el mundo, se ha necesitado una formidable revolución para acabar con los tribunales de la Inquisición, se ha necesitado otra revolución no menos formidable para acabar con los conventículos; se ha necesitado una revolución no menos formidable para acabar con el militarismo, que es un mal social y que ha azotado a todas las repúblicas latinoamericanas. (Aplausos.)

Durante los últimos años académicos especialistas en Derecho Constitucional, Derechos Humanos, Derecho Penal y Seguridad Pública de diversas universidades del país hemos venido discutiendo el concepto de seguridad en sus múltiples expresiones (pública, social, nacional, jurídica, etc.) -así como la grave problemática que existen en el país- en dialogo con organismos internacionales de derechos humanos, diversas autoridades estatales y con organizaciones de la sociedad civil.

En variadas ocasiones hemos convocado a foros de análisis científico a todos los actores antes mencionados para discutir el tema específico de las iniciativas en seguridad interior, el último de ellos realizado de forma conjunta por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM en febrero de este año.

Del estudio y la discusión técnica de la iniciativa presentada -sintetizando algunas de las opiniones académicas- podemos extraer diez conclusiones contundentes por las cuales la aprobación de la Ley de Seguridad Interior es inconstitucional (violatoria de los artículos 1°, 6°, 21, 29, 73 y 129) y contraria al Derecho Internacional de los derechos humanos, por lo que presumiblemente lejos de contribuir a garantizar la seguridad de la ciudadanía, podría propiciar el aumento de violaciones de derechos humanos:

1. La Ley de Seguridad Interior es incompatible con las obligaciones internacionales del Estado mexicano, contraria al desarrollo jurisprudencial del Sistema Interamericano de Derechos Humanos así como a diversas recomendaciones de organismos internacionales emitidas hacia México en el marco de la intervención de las fuerzas armadas.

2. La Constitución Política no faculta al Congreso de la Unión para legislar sobre seguridad interior ni a las Fuerzas Armadas para llevar a cabo las tareas de seguridad que hoy realizan.

3. La iniciativa vulneraría el equilibrio de poderes al otorgar excesivas facultades al Poder Ejecutivo sin establecer contrapesos del Poder Legislativo o Judicial.

4. La iniciativa permitiría la intervención de la Federación para la implementación de acciones en el territorio de una entidad federativa, o zona geográfica del país, por decisión del Poder Ejecutivo (o a solicitud de una entidad federativa) para proteger la seguridad interior, atentando contra el federalismo.

5. La definición de Seguridad Interior es vaga e imprecisa, por lo tanto podría permitir calificar un conjunto muy amplio de conductas como riesgosas a la misma. La iniciativa incluye diversas definiciones (tales como uso legítimo de la fuerza) que posibilitan al Ejecutivo utilizar a las Fuerzas Armadas con propósitos ambiguos y en un marco amplio de discrecionalidad.

Sí, usted. Esa persona que apoya y aplaude a las Fuerzas Armadas porque confía más en ellas que en las policías. Esa persona que no está preocupada por la Ley de Seguridad Interior ni por el papel expansivo que le concede al Ejército y la Marina. Ese mexicano tan frustrado y tan temeroso ante la ola de criminalidad y violencia que está dispuesto a darle más poder a los mandos militares que a las fuerzas civiles. Lo entiendo. Pero antes de que usted se quede varado en esa posición, le ruego lea lo siguiente. Le pido que, como ciudadano responsable, sepa exactamente qué contiene esa ley, a qué necesidades responde, y qué problemas no soluciona o, peor aún, agrava. Ojalá lea, conteste y comparta.

· ¿Sabía usted que el general Salvador Cienfuegos le habló personalmente a los gobernadores del PAN para chantajearlos y presionarlos? ¿Sabía que amenazó con retirar tropas de sus estados si no apoyaban la Ley de Seguridad Interior?

· ¿Sabía usted que la Ley confiere facultades extraordinarias al Ejército y a la Marina, incluyendo la posibilidad de llevar a cabo tareas de investigación sustituyendo al Ministerio Público, intervenir comunicaciones privadas sin una orden judicial, y utilizar la fuerza letal para contener protestas pacíficas? ¿Usted cree que otorgar estas facultades extra-constitucionales a las Fuerzas Armadas contribuiría a contener la violencia o el crimen, cuando ningún ejemplo internacional, ningún estudio, ninguna evidencia empírica demuestra que ese sea el caso? ¿No le parecería mejor una Ley que colocara controles sobre las Fuerzas Armadas, en vez de darles más poder y mayor discrecionalidad?